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Uno de los testigos que han prestado declaración ante la Guardia Civil y el juez instructor del 'caso Plan Territorial de Mallorca', Joan Llull Ribas, propietario junto a su familia de 17.000 metros cuadrados junto al complejo Bellevue, en Alcúdia, ha involucrado de lleno al portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex conseller insular de Urbanisme, Bartomeu Vicens.

Según Llull, se enteró en 2003 de que sus terrenos (AS16) «saldrían de la moratoria», es decir, que podían pasar a ser edificables por un comentario que le transmitió Vicens en el sentido de que el Consell de Mallorca iba a renunciar a seguir pleiteando con su empresa (Montañamar). El dirigente de UM le comunicó que 'posiblemente' ganaría el pleito y que por lo tanto la AS16 «saldría de la moratoria».

Inmediatamente después de esa conversación, según relató Llull al juez, se puso en contacto con los principales promotores de la Isla, como Vicente Grande, de Drac, Fausto Ferrero, del Grup Fer y Mateu Sastre(Ibercon), de Son Dameto, para ofrecerles los terrenos.

El acuerdo final lo alcanzó con Mateu Sastre tras fijar el precio de venta en 6 millones de euros, 2 menos que lo acordado inicialmente. Veinte días después, esos terrenos (AS16) fueron incluidos en una Àrea de Reconversión territorial (ART).

En la escritura, Llull hizo constar de forma expresa que los terrenos que vendía a la promotora Son Dameto estaban desclasificados, es decir, que no eran urbanizables, y además negó de forma terminante que los adquirentes de los terrenos le hicieran alguna referencia a las ART y al Plan Territorial.

Vicens está imputado en el 'caso Plan Territorial de Mallorca' junto al ex conseller de Medi Ambient del Govern de Jaume Matas, Jaume Font, los hermanos Mateu y Cristòbal Sastre (Ibercon) y Vicente Grande, Grupo Drac por las supuestas plusvalías millonarias que se generaron con las ART.

Los supuestos delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción son los de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
Juan Llull confirmó ante el juez, asimismo, que la única persona que había cobrado una comisión por la venta de sus terrenos a Son Dameto fue Cristina Arroyo, cuñada del ex banquero Mario Conde, que cobró entre 7 y 8 millones de pesetas por actuar de intermediaria en la operación.

El testigo negó, asimismo, que le hubiera dicho a Mateu Sastre que la AS16 iba a ser incluida en una ART del Plan Territorial de Mallorca. Subrayó que si hubiese conocido ese extremo, por supuesto, no le habría rebajado el precio de 8 a 6 millones de euros.

Notaría
También, negó que algún político del Consell de Mallorca le hubiese advertido sobre la posibilidad de incluir sus terrenos en las ART o en el Plan Territorial.

Llull relató que los responsables de Son Dameto tenía que abonar los 6 millones de euros en tres años, pero que al final, redujeron ese plazo a tan sólo uno, cuyo vencimiento se registró en 2005.

Añadió que cuando se desplazaron a la Notaría coincidieron con Vicente Grande y otras ocho o nueve personas. Entonces, ya sabía, por comentarios leídos en la prensa, que la compra o el pago de sus terrenos estaba relacionado de alguna manera con unos terrenos en Es Creuers-Marratxí.

El testigo declaró ante el magistrado instructor que poco antes de recibir el último pago de los seis millones de euros, Vicente Grande le dijo por teléfono que sus terrenos se los tendría que haber vendido a él. Llull, asimismo, se ratificó ante el juez, en febrero, de unas declaraciones anteriores que había realizado en el mes de diciembre en la Comandancia General de la Guardia Civil.