El 80 por ciento del endeudamiento de la Comunitat Autònoma previsto para este año (370 millones) servirá para tapar agujeros dejados por el anterior Govern. La portavoz del Ejecutivo, Margarita Nájera, explicó tras el Consell de Govern que el actual gabinete autonómico ha «heredado una deuda de 3.000 millones de euros», derivada de «otras obras, y no sólo del metro, que también salieron más caras de lo que había previsto el PP, como es el caso del Palma Arena, adjudicado en 48 millones y que ha costado al final 90». Los 3.000 millones de deuda incluyen el Govern y sus empresas públicas. El endeudamiento se ha generado desde el nacimiento de la autonomía en 1983.
Nájera quiso contestar las acusaciones realizadas un día anterior por el portavoz adjunto del PP, Fernando Rubio, quien acusó al Govern de generar más deuda de la recibida. «Eso no es así, este señor tiene que aprender a leer los números y a entender, después de leer, lo que quieren decir», ha aseverado Nájera.
La portavoz del Govern explicó que la deuda neta generada en el presupuesto de 2008 por el gobierno autonómico asciende a 370 millones de euros, «el 80 por ciento de los cuales están destinados directamente a tapar los agujeros financieros que dejó el PP».
Al margen de la deuda, Margarita Nájera dijo que el Govern ha dado vía libre al departamento de Abogacía de la Comunitat Autónoma para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para obligar al Ministerio de Fomento a devolver los 333 millones no abonados de los convenios de carreteras que vuelven a estar en vigor.
La Audiencia Nacional sentenció hace unos días que el Govern tenía derecho a recuperar el dinero del convenio de carreteras, pero la sentencia no determinaba la cantidad. Con el fin de obtener el máximo dinero posible, y mientras se negocia paralelamente por la vía política, el Govern pretende que el Tribunal Supremo sea el encargado de determinar el dinero que debe percibir Balears.
Aunque el Govern presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Nájera dijo que es difícil de defender la gestión de las carreteras de la pasada legislatura. El convenio fue anulado unilateralmente por la ministra de Fomento cuando apenas llevaba unos meses en el cargo. A partir de ese momento, el Govern tuvo que financiar directamente las obras y dejó de percibir las cantidades previstas en el convenio de carreteras.
El Ministerio de Fomento alegó que el Govern no podía adjudicar directamente las obras viarias. La Audiencia ha dado la razón al anterior gabinete autonómico.
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