Los vecinos de Antoni Pons piden a Cort poder volver a sus casas

Cabe recordar que en la noche del 11 de noviembre de 2005, un total de once familias habían tenido que abandonar los pisos en que vivían, ubicados en los números 15 y 17 de Antoni Pons, ante el posible riesgo de derrumbe de ambas fincas, al haberse hundido parte del terreno tras una rotura de una tubería de Emaya. Poco antes, habían aparecido grietas en los inmuebles ubicados en los números 15, 17, 19 y 24 de la citada calle, si bien estos dos últimos no tuvieron que ser desalojados dicha noche.

Días después, el 22 de noviembre de 2005, se produjo un principio de acuerdo para el realojo de las once familias citadas, en una actuación conjunta y coordinada en la que participaron Urbanisme, Habitatge, Emaya, Seguretat Ciutadana, Serveis Socials y Treball.

En septiembre de 2006, Cort anunció que había declarado la ruina económica de los edificios ubicados en los números 15, 17 y 19 de Antoni Pons, con el objetivo de que los tres pudieran ser derribados y reconstruidos. Luego, en abril de 2007, Urbanisme otorgó la licencia de obras a la propiedad del inmueble ubicado en el número 15 para que procediera a reforzar la estructura del edificio, lo que supuso dejar sin efecto el acuerdo de declaración de ruina de septiembre de 2006.

Reclamación
Posteriormente, la propiedad del número 19 presentó ante Cort, en noviembre de 2006, una reclamación de responsabilidad patrimonial por los posibles perjuicios sufridos por haber tenido que abandonar el edificio. Actualmente, hay siete procedimientos judiciales en marcha, en donde usuarios y propietarios de los números 15, 17 y 19 reclaman a Cort por daños y perjuicios 2'1 millones de euros en total.

Con el cambio de gobierno municipal en Cort, una representación de las seis familias que vivían en el número 19 y de los inquilinos de los números 15 y 17 se reunieron en dos ocasiones con el teniente de alcalde de Benestar Social, Eberhard Grosske, del Bloc, y solicitaron, el pasado mes de abril, mantener una entrevista con la alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, que aún no les ha sido concedida. Grosske señaló ayer que el caso de las viviendas de Antoni Pons es un «asunto complejo», si bien añadió que «el equipo de gobierno es sensible a este problema y está buscando una solución».