Anticorrupción imputa a De Santos, actualmente en prisión por supuestos abusos sexuales a menores, un delito de prevaricación "tomar a sabiendas una decisión injusta" por la compra del castillo infantil del Parc de Sa Riera.
El ex concejal se encargó personalmente de la adquisición de ese castillo a la empresa sueca Hags, operación en la que autorizó un pago de 1'4 millones de euros, cuando presidía la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans (EMOP) en el anterior equipo de gobierno de Cort.
Anticorrupción investigó a fondo las circunstancias que rodearon esa compraventa y, de hecho, ha tardado varios meses en redactar la querella criminal que el pasado jueves entregó en el juzgado de guardia de Via Alemanya.
Durante la investigación, De Santos fue interrogado en dos ocasiones por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach en la sede del Ministerio Público. En la segunda de ellas, el ex teniente de alcalde fue detenido cuando abandonaba las dependencias de la Fiscalía bajo la acusación de abuso de menores. Desde entonces, permanece en la prisión de Palma.
Los fiscales Carrau y Horrach, asimismo, han tomado declaración a varios funcionarios de Cort en relación a la compra del castillo del Parc de sa Riera, entre ellas, a la ex gerente de la EMOP, Gloria Penalva.
También el patrimonio, las declaraciones de la renta y los movimientos bancarios de De Santos fueron investigados por la Fiscalía para averiguar si el ex concejal había recibido algún tipo de dádiva al autorizar la compra de un castillo que, según las primeras impresiones, excedía con mucho los precios que entonces se barajaban en el mercado.
La defensa de De Santos, primero ejercida por Bartomeu Vidal, y ahora por José Ignacio Herrero, ha insistido en que la actuación del ex teniente de alcalde ha sido correcta, ya que el castillo «existe», es una de las atracciones de esa zona lúdica de Palma, y lo único que se puede discutir es su coste, ha afirmado.
En sus declaraciones ante los fiscales, De Santos negó haber prevaricado con la adquisición del castillo y en todo momento, defendió la legitimidad de los trámites que siguió en la operación de compraventa. De Santos, asimismo, tendrá que comparecer ante un tribunal popular acusado de malversación de caudales públicos al gastar 50.000 euros en clubes nocturnos.
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