Hidalgo fue el primero en saber que la Fiscalía podía sentarle en el banquillo

Los levantamientos del secreto del sumario en algunas de las más de sesenta piezas judiciales salidas del 'caso Andratx' arrojan detalles desconocidos de la actuación de los fiscales especializados en delitos económicos, y sobre todo confirman que sus actuaciones suelen escaparse del escrutinio de los medios informativos.

Así, la apariencia durante casi veintidós meses de que alguna «filtración» de la pesquisa habría llegado al conseller d'Interior, José María Rodríguez y al president Jaume Matas, y ellos se la habrían transmitido a Hidalgo, queda en entredicho al trascender de las declaraciones de imputados externos al Consistorio de Andratx que al menos una semana antes de las detenciones, el alcalde y el celador Gibert ya hacían gestiones para borrar huellas de su actividad como comisionistas de promotores que operaban en el municipio.

La declaración del promotor Manuel Zapata, ante la Guardia Civil y ratificada luego ante el titular del juzgado de Instrucción 12, dice que Gibert «le llamó una semana antes del registro diciéndole que Eugenio quería hablar con él», y que personado en su despacho oficial el alcalde «le pidió una relación de los pagos de la empresa Prollamp de Ponent porque se estaban metiendo con él... por una casa o porche».

El testimonio del empresario ratificó a los fiscales que Hidalgo tenía conocimiento de que la investigación de sus presuntos delitos como autoridad municipal de Andratx iban más allá de levantar una edificación en terreno protegido, y que su primera preocupación no era el perjuicio al PP -que lo había convertido en alcalde-, sino su situación personal futura, con documentos y testigos que podían establecer que se había lucrado intermediando entre vendedores y compradores de terrenos apatecibles en el municipio.