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Bibiana Aído, ministra de Igualdad, ha anunciado que el próximo año el Gobierno presentará una nueva Ley de Aborto, poniendo un énfasis especial en el detalle de que se tratará de un texto nuevo y diferente al actual, no una reforma o ampliación de la normativa vigente desde 1985. Las críticas, previsibles, no han tardado en surgir tanto desde el frente político, argumentando que se tratar de generar una polémica que desvíe la atención de la opinión pública sobre la crítica situación económica que vive el país, como el moral, encabezado por la Iglesia católica en una actitud lógica y respetable que no puede ser impuesta al conjunto de la sociedad española.

Esta iniciativa ya figuraba en el programa electoral del PSOE, por tanto, es legítimo que su Gobierno trate de dar satisfacción a la reclamación de determinados sectores sociales que consideran insuficiente el marco legal vigente que ampara el aborto en España. Es obvio que, en definitiva, lo que pretende Aído no es otra cosa que regular los plazos de gestación en los que las españolas podrán decidir libremente el seguir adelante o no con su embarazo un derecho que plantea, sin lugar a dudas, inconvenientes morales que deben resolverse de un modo individual y no colectivo; al fin y a la postre el Estado no apoya o promociona el que las mujeres aborten, una decisión que será siempre dolorosa.

Además, es conveniente que la nueva Ley acabe con la ficción actual en la que bajo los supuestos legales se encubre una práctica de aborto basada en la decisión personal y libre de la mujer. En definitiva, los expertos deberán elevar a legal aquello que ya es una práctica común en la mayoría de los centros sanitarios privados, que en los públicos -otra cuestión espinosa- el aborto sigue siendo un tema tabú.