Las detenciones dictadas por la Fiscalía Anticorrupción dentro de las diligencias que realiza para investigar el llamado 'caso Son Oms' -la recalificación de unos terrenos mediante la intervención de políticos a cambio de contraprestaciones económicas- pone en evidencia la gravedad del asunto, del que se desprenden delitos por el que ya hay una larga lista de imputados, entre ellos dos destacados militantes de Unió Mallorquina; su portavoz en el Parlament, Bartomeu Vicens, y el expresidente de la cámara autonómica Maximiliano Morales.
Desde las filas del Bloc -socios de UM en todas las instituciones más representativas- ya se piden dimisiones, entre ellas las del portavoz Vicens -a pesar de que los dos detenidos no son militantes de esta formación política-, una decisión que ha descartado la portavoz de su partido, Catalina Julve, hasta la resolución final del caso. Por su parte, el president Antich también ha defendido una postura de prudencia antes de emitir juicios precipitados. La posición más curiosa es la del Partido Popular, aunque sin defender un posicionamiento claro sobre los últimos acontecimientos -las detenciones están relacionadas con la emisión de facturas falsas para encubrir el supuesto cobro de comisiones-, su portavoz, Catalina Soler, pide una misma vara de medir. Ella misma está imputada por el 'caso caballistas' y el portavoz popular en el Consell de Mallorca, Jaume Font, también lo está por el 'caso PTM' junto con el propio Vicens.
Queda claro que son los jueces los que deben llegar hasta el fondo de toda esta trama y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados, hasta entonces cabe reclamar seriedad y prudencia por parte de todos. Es un error querer sacar réditos políticos de lo que está ocurriendo.
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