Los detenidos del 'caso Son Oms' acusan a Vicens de pedirles facturas falsas

Los dos primeros detenidos en el 'caso Son Oms', que investiga la comisión de hasta seis presuntos delitos en la recalificación de terrenos en ese polígono palmesano, declararon ante el juez instructor de la causa que «siguieron órdenes de (Bartomeu) Vicens (portavoz de UM) para falsificar facturas».

Uno de ellos, Tomás Martín, era el contable de la sociedad Metalumba, propiedad de Vicens, y de su esposa Antònia Martorell, y desarrollando esas funciones profesionales, encargó las facturas falsas a la empresa del belga J.L., Windex Trading SA, con sede en Andratx, con el objetivo de «justificar gastos» y reducir de esa manera la factura del impuesto de sociedades.

Metalumba habría enmascarado, con ese 'modus operandi', unos 200.000 euros, según fuentes de la investigación. Tanto el contable español, defendido por los abogados Ricard Mesquida y Gaspar Oliver, como el empresario belga, quedaron en libertad con cargos tras ratificarse ante el juez Juan Ignacio Lope Sola del contenido de sus respectivas declaraciones realizadas el pasado miércoles en la sede de la Policía Nacional.

El 'caso Son Oms' se encuentra bajo secreto del sumario desde que la Fiscalía Anticorrupción entregara en los juzgados la querella criminal tras el registro del despacho de abogados Montis el pasado mes de mayo. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach imputan a Vicens, a su esposa, al ex presidente del Parlament Maximiliano Morales y al letrado Jaime Montis la comisión de los supuestos delitos de estafa, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Fuentes próximas al Bartomeu Vicens recordaron ayer que el propio portavoz de UM se había encargado, hace tres meses y después de una inspección tributaria, de denunciar la existencia de esas facturas falsas. Envió un burofax a la empresa del belga para que reconociera la falsedad de las mismas, pero no obtuvo respuesta. Por eso, sus abogados, Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, se mostraron muy críticos con la actuación policial llevada a cabo, y recordaron que ellos mismos se habían encargado de denunciar la situación. «Esto, en el fondo, favorece a nuestro cliente», afirmaron.

Las facturas fueron emitidas en 2005 y recogen un amplio abanico de actividades. En el interrogatorio, el fiscal Carrau enseñó los extractos a ambos imputados, que no tuvieron más remedio que reconocer los hechos, aunque siempre advirtiendo que habían actuado «siguiendo órdenes».