Las administraciones autonómica, insular y local; la Delegación del Gobierno (que tiene competencia sobre las fuerzas de orden público) y los tribunales se coordinarán ante los casos de violencia machista y se obligarán a cumplir un protocolo de actuación que ayer presentaron la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, y la directora del Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs.
El protocolo, aún pendiente de firma, establece la creación de un centro suprainsular, cuatro centros insulares y otro municipal para la atención de las víctimas. La consellera anunció que esperaba que este protocolo pueda ser firmado por todas las instituciones consultadas de aquí a tres meses y que sirva para impulsar de forma integral todas las acciones de carecer administrativo contra la violencia machista de forma coordinada.
La responsable de Afers Socials señaló que el nuevo protocolo actualizará y anulará el Convenio de Actuación contra la Violencia Doméstica del año 2002 y el Protocolo de Coordinación para los casos de delitos de agresión sexual de 2007.
Santiago explicó que el nuevo protocolo está estructurado en tres partes diferenciadas pero interrelacionadas que tratan, en primer lugar sobre los casos de presunción de violencia machista, en segundo lugar, sobre la atención que se debe prestar ante este tipo de violencia de género y, en tercer lugar, en los casos de agresión sexual.
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