El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Palma, de guardia ayer, Enrique Morell, decretó la prisión sin fianza para la ex gerente del Consorci per el Desenvolupament de les Illes Balears (CDEIB) Antònia Ordinas, y su mujer, la soprano Isabel Rosselló, después de que ambas, aconsejadas por su abogado, Eduardo Valdivia, se negaron a responder a las preguntas del juez y del fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre los hechos que dieron lugar a la 'operación Scala'.
Asimismo, el juez ordenó encarcelar durante 72 horas al anterior director general de Promoción Industrial en el Govern de Jaume Matas, Kurt Viaene, en lo que técnicamente se denomina «detención judicial», según explicó la portavoz del gabinete de prensa del TSJB.
Todos ellos están imputados por los siguientes supuestos delitos: malversación, falsedad documental y defraudación a la Administración.
Silencio
En la primera comparecencia ante el juez, el matrimonio Ordinas-Rosselló, presunto cerebro de la trama de corrupción, que obtuvo unos dos millones de euros en concepto de comisiones ilegales por los trabajos que encargaban a través del CDEIB, tardó menos de diez minutos en abandonar las dependencias del juzgado de guardia de Vía Alemania.
El letrado de ambas explicó a los medios de comunicación que él mismo les había aconsejado que se acogieran a su derecho constitucional de mantener silencio.
«No sabemos qué diligencias se han practicado, desconocemos oficialmente de qué se les acusa y no hemos tenido acceso al sumario, que se ha declarado secreto. Por ello, hasta que ese secreto no se levante, mis clientas mantendrán su silencio», explicó Eduardo Valdivia.
Tanto Ordinas como Rosselló ya se había negado a declarar ante los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y el fiscal Horrach cuando fueron detenidas.
La 'operación Scala' se desencadenó el pasado lunes con la detención de once personas y los registros de viviendas y oficinas, pero no fue hasta el miércoles cuando el matrimonio Ordinas-Rosselló fue llamado a declarar. Varios de los empresarios detenidos admitieron que pagaron comiones a Ordinas a cambio de realizar informes y trabajos para el CDEIB, un 'modus operandi' muy similar al orquestado en otras presunta trama de corrupción, el 'caso Turisme Jove'.
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