El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, lograron ayer transmitir una imagen de acuerdo sobre las medidas que deben aplicarse para recuperar la confianza en el sistema financiero español. Todo indica que los dos partidos mayoritarios respaldan los avales del Estado a la banca española por un importe de hasta 100.000 millones de euros y el compromiso en la adquisición de activos por un importe máximo de 50.000 millones de euros, una formidable inyección de liquidez que se enmarca dentro del paquete de acciones previstas por los países pertenecientes a la Eurozona, entre ellos España, para calmar la tormenta económica de las últimas semanas.
Un aspecto fundamental del acuerdo entre Zapatero y Rajoy reside, precisamente, en facultar al Banco de España para que ejerza el papel de controlador de un proceso en el que, y conviene tenerlo muy presente, son los recursos públicos los que se utilizan para oxigenar el sector financiero español. Es por tanto más que razonable que se exija la máxima transparencia y control en todas las operaciones.
Por tanto, a la vista del resultado del encuentro entre Zapatero y Rajoy no parece que vayan a producirse desencuentros sustanciales respecto al modo en que se debe afrontar la crisis; cuestión sobre la que sí es reprochable la lentitud con la que el Gobierno ha reaccionado.
Un último apunte es preciso dedicarlo a la renovación del Pacto de Toledo, garante de todo el sistema de pensiones en España. La próxima convocatoria, anunciada por el presidente del Gobierno, abre incógnitas sobre las verdaderas intenciones que se albergan sobre un tema de enorme trascendencia económica, y también social.
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