Vicens y Martorell, y también Elizabeth Diéguez, declararán mañana en calidad de imputados en la causa que investiga hasta siete delitos: estafa, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad en documento, delito continuado de falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública, delito de falsedad en documento mercantil y de receptación.
Según Anticorrupción, Vicens y Martorell utilizaron la sociedad Metalumba para «encubrir sus ingresos, su origen y cuantía y para evitar la correcta tributación».
Y añade: «También, con la misma finalidad emitieron facturas falsas, realizaron contratos mercantiles y préstamos ficticios e hicieron que les emitieran facturas inveraces pagando al emisor por la falsedad».
Según los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, «Vicens y Martorell en su declaración conjunta de IRPF del año 2004 omitieron declarar incrementos patrimoniales no justificados por valor de 570.575 euros, por lo que evitaron el pago de una cuota de 247.637 euros».
En resumen, los querellados, «en su actividad económica familiar han aflorado a lo largo de menos de cuatro años, en que Vicens ocupaba un importante cargo en la administración, la cantidad superior a 919.000 euros, cuya procedencia u origen han sido incapaces de esclarecer».
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