El presidente del Govern, Francesc Antich, acordó ayer en una reunión con la ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, que la gestión de las obras de todos los convenios de carreteras serán gestionados directamente a los consells insulares, «con la idea de eliminar las supervisiones del Estado». Esta reclamación ha sido repetidamente planteada por el Govern y el Consell de Mallorca, pero no se había producido ninguna respuesta por parte de la ministra Àlvarez.
Tras la reunión, Antich explicó que el acuerdo permitirá que a partir del año que viene los consells puedan adjudicar las distintas obras directamente sin necesidad de la supervisión ministerial.
Antich precisó que, en definitiva, «se trata de pasar el dinero a la comunidad autónoma y ésta es la que ejecuta, proyecta y adjudica la obra directamente sin necesidad de encomiendas de gestión». El presidente Antich recordó que esta fórmula es «exactamente la misma que tenemos en los convenios ferroviarios».
El jefe del gabinete balear defendió también el pago íntegro de las cantidades pactadas en los convenios y subrayó que hay unas anualidades «perfectamente establecidas». Además, las anualidades de 2008 que no se han podido ejecutar se gastarán en los próximos años, a partir de 2009.
En relación a los convenios de Ibiza y Formentera, que aún no están firmados, Antich ha señalado que estos convenios están ya redactados aunque la «nueva fórmula» anunciada podría dar lugar a alguna modificación.
En relación a los convenios antiguos, Antich ha comentado que las posturas están «muy lejos unas de las otras y, en principio, la idea es que cada uno mantenga sus acciones a través de los tribunales». El Govern tiene pendiente de cobro más de 300 millones.
La Audiencia Nacional determinó que el Ministerio de Fomento había actuado ilegalmente al anular unilateralmente los dos convenios firmados por el Gobierno de Aznar. Àlvarez dejó de pagar los convenios y el Govern recurrió a los tribunales, que dieron la razón a la Comunitat.
El actual convenio de carreteras que está en vigor entre el Ministerio de Fomento y el Consell de Mallorca no se aplica y la institución que preside Francina Armengol no puede poner en marcha sus proyectos viarios. Además, están pendientes más de 300 millones de algunas autopistas que se construyeron la pasada legislatura y que, a falta de fondos del Gobierno central, el gabinete autonómico que presidía Jaume Matas se vio obligado a recurrir al endeudamiento.
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