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M.JUNCOSA El pequeño y mediano comercio de Mallorca está dispuesto a «hacer lo que haga falta, incluso cierres patronales» para evitar la liberalización del gran comercio prevista en el proyecto de Ley de Comercio del Gobierno, que establece que sólo se considerarán grandes superficies y requerirán de autorización autonómica para operar los establecimientos que superen los 2.500 metros de superficie, según afirmaron ayer los presidentes de la Federació d´Empresaris de Comerç de Balears (Afedeco), Bartomeu Servera, y la Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco), Bernat Coll.

Como se recordará, el Gobierno central está modificando la Ley de Comercio Minorista estatal con el objetivo de adecuarla a lo establecido en la directiva europea de Servicios, más conocida como directiva Bolkestein, una normativa que debe entrar en vigor a principios de 2010 y que tiene como objetivo alcanzar un mercado interior homogéneo y liberalizado en lo que se refiere a lo prestación de servicios en la Unión Europea, una labor que también ha iniciado el Govern en lo que se refiere a la Ley autonómica.

Los presidentes de las patronales del pequeño y mediano comercio acusaron al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de aprovechar la transposición de la directiva de servicios de la UE para recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas, caso del límite de 2.500 metros para tipificar a las grandes superficies. Servera y Coll dudaron incluso de la constitucionalidad del proyecto de ley que prepara el Gobierno.

En el plano autonómico, las patronales de pequeño y mediano comercio solicitaron a los grupos políticos la aligación de la aprobación de la modificación de la Ley de Comercio balear y se mostraron de acuerdo con la calificación de gran superficie que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha pactados con el sector en 700 metros cuadrados en el caso de Mallorca, 400 metros cuadrados, para Menorca y Eivissa y 200 metros cuadrados en Formentera.

El borrador de la Ley de Comercio balear establece al mismo tiempo que las nuevas aperturas deberán producirse necesariamente en suelo urbano consolidado y que la calificación de suelo comercial vaya ligada a la planificación de nuevas viviendas, según informan Afedeco y Pimeco.

Las patronales comerciales consideran que la aplicación de la directiva Bölkestein en la legislación española, tal y como se prevé en estos momentos, generará el cierre de unas 2.000 empresas y la destrucción de más de 5.500 empleos en las Islas.