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El conseller d'Hisenda, Carles Manera, aprovechó ayer la rueda de prensa posterior a la celebración del Consell de Govern para anunciar que este año se ha ejecutado ya el 85% del presupuesto y que ha invertido más que nunca. Explicó que las inversiones suponían un 31% más que las realizadas el pasado año. También destacó la importancia de esta inversión en lo que se refiere a obra pública, la principal receta del Ejecutivo ante la crisis.

La inversión en obra pública es un 22'32 por ciento superior a la de 2007, con 122'42 millones; y en otras inversiones (maquinarias, vehículos, mobiliario, equipos informático, inversiones inmateriales...), se ha registrado un decrecimiento del 0'83 por ciento, con 70'55 millones. Entre las tres partidas el incremento de las inversiones ha alcanzado el 31 por ciento, insistió.

El conseller remarcó que los datos «matizan la percepción sobre la inversión del Govern», ya que aunque ha reconocido que «las inversiones no tienen la visibilidad que podían tener en tiempos pasados», demuestran que el «trabajo silencioso» del ejecutivo ha sido «igualmente efectivo y productivo».

Manera explicó el incremento de la inversión en una «mayor eficiencia en los procedimientos de adjudicación y en la inyección de liquidez en el sistema».

Manera resaltó que las inversiones «se han dirigido al tejido productivo y a infraestructuras de carácter no tan agresivo como la pasada legislatura».
En esa misma rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, también aludió a la polémica sobre el decreto de turismo. Aseguró que la norma que prepara el Govern para agilizar los trámites de mejoras en los hoteles «no es un decreto ley que lo legalice todo» y no permitirá ampliar plazas, pero admitió que contempla aumentar la edificabilidad para mejorar los servicios. La consellera apostó por el diálogo y consideró que se pueden combinar todas las sensibilidades.

El Govern aprobó autorizar la concesión de casi seis millones de euros a diferentes entidades para la formación de trabajadores y, a propuesta de la Conselleria d'Afers Socials, acordó aportar 1'8 millones de euros a los consells insulares para mejorar las retribuciones del personal de centros concertados de atención a personas con discapacidad. También aprobó diversos acuerdos relativos a la Conselleria de Salut.