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P CANDIA/F. BARRASA La que fuera secretaria de Damià Amengual cuando ejercía como gerente del Consorcio 'Turisme Jove' declaró ayer en la instrucción del sumario que él revisaba las facturas de la entidad, aunque dijo desconocer si revisó en concreto los contratos de alquiler de nuevos locales como el que se suscribió con una empresa de Juan Francisco Gosálbez.

Según varios de los letrados personados en la causa, la declaración de la testigo Pilar P.S. y otras diligencias que constan en el sumario del 'caso Turisme Jove' -que desde el pasado jueves ya no tiene partes secretas-, pueden volver a dar un giro la investigación para intentar esclarecer si Amengual era más conocedor del día a día de la administración del consorcio del Govern balear de lo que hasta ahora ha afirmado en sede judicial.

Durante la mañana de ayer acudieron a declarar al juzgado de Instrucción 6 de Palma uno de los imputados y seis testigos del sumario abierto en el mes de agosto pasado.

La citación a Bartolomé Gayà, empleado de artes gráficas, sirvió para ratificar la que prestó en la Jefatura Superior de Policía, en el sentido de que, a indicación de Gosálbez, elaboró una factura que no correspondía «a ningún concepto real», y por un importe de 19.723 euros, de los que «le dieron 13.000 a Juan Fran» y la empresa a la que él representaba se quedaba con el resto, «tras calcular los costes del IVA y del impuesto de sociedades». Según su testimonio, ni el declarante ni su socio «tuvieron enriquecimiento» con la expedición de la factura falsa.

En el curso de los testimonios prestados ayer en el juzgado que instruye el 'caso Turisme Jove', que partieron de la ratificación de los prestados ante la policía y se ampliaron con las preguntas del fiscal y los abogados de los imputados y del Govern balear, volvió a establecerse que en el consorcio público «no existía ningún control sobre pagos y gastos puesto que no se hacían balances o estos no eran reales».

Respecto al alquiler de los locales que había adquirido Gosálbez en la calle Vidal y Sureda, que fueron asumidos por el consorcio, así como los de Barón de Pinopar/Avenida de Alemania, dos testigos señalaron que no se sacaban a licitación ni existían los oportunos expedientes de contratación.

Los declarantes que admitieron haber visto irregularidades de procedimiento reconocieron no haber denunciado nunca los hechos «por escrito».