Ejecutadas en 2008 las mismas demoliciones de obras ilegales en suelo rústico que en 13 años

En la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del 14 de marzo del año pasado la institución insular aprobó ejecutar de forma subsidiaria la orden de demolición de quince expedientes. Se trataba, en su mayoría, de viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico común, aunque también había una piscina en un Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y dos viviendas en Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI).

A pesar de todo, los seis derribos realizados en 2008 son menos de la mitad de los previstos. Los nueve pendientes deben realizarse durante los primeros meses de este año. De estos nueve, ocho no pudieron ejecutarse porque quedaron fuera de asignación presupuestaria, aunque el Departament de Territori del Consell de Mallorca, que lidera Maria Lluïsa Dubon, ya ha elaborado los proyectos de demolición. El último derribo que todavía no se ha tramitado depende de la resolución de un recurso de alzada.

Sólo una de las demoliciones efectuadas en 2008 fue ejecutada por el Consell de Mallorca. Las otras cinco las realizaron los propietarios que habían hecho las obras de forma ilegal. En su mayoría, los dueños decidieron hacerse cargo del derribo cuando la institución insular ya tenía la licencia municipal para realizarlo.

Expedientes

Los expedientes tienen en común un factor: el prolongado tiempo transcurrido entre que se levantó la sanción y su ejecución. La media se sitúa en los 6'5 años, habiendo casos en los que se tardó dos años y, otros, 14 años.

El principal motivo por el que la tramitación se alarga en el tiempo son las denuncias que los particulares interponen contra el expediente sancionador. Cuando las instituciones dan el visto bueno a una demolición una vez pasados todos los trámites administrativos, la mayoría de los ciudadanos opta por recurrir a la Justicia, circunstancia que prolonga la situación. Los ayuntamientos son los encargados de iniciar el expediente contra unas obras ilegales en suelo rústico. Si no actúan, el Consell de Mallorca lo hace de forma subsidiaria.

Ante esta situación, el Departament de Territori decidió encargarse de la parte administrativa de las demoliciones para simplificar el trabajo, haciéndose cargo de los aspectos más burocráticos. El objetivo era facilitar la tramitación y agilizar el proceso, además de disminuir los años para ejecutar los derribos y menguar el número de demoliciones de obras ilegales en suelo rústico pendientes, que el año pasado superaba los 70 expedientes.

De ahí la decisión de empezar por 15 órdenes de demoliciones, que se definieron como «casos bien definidos, claros y ejemplificantes» y que están repartidos por toda la Isla. Entre 1994 y 2008, se habían llevado a cabo siete derribos en lugares como Costitx, Escorca o Sant Llorenç des Cardassar, entre otros.