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«En Colombia se han utilizado hornos crematorios para hacer desaparecer rastros de personas asesinadas o para quemar a personas vivas que eran amenazas. Las llevaban los paramilitares por instrucción del Ejército y la policía», denunció ayer en Palma la senadora colombiana Piedad Córdoba, que aterrizó en la capital balear dentro de una gira internacional que la ha traído a España con la esperanza de conseguir la implicación de la comunidad internacional, en especial del Gobierno de España, del que reconoció que «sigue una política continuista con el de Aznar». La senadora pronunció por la tarde la conferencia Los derechos humanos en Colombia: por una salida negociada al conflicto armado.

Miembro del Comité Internacional de Cruz Roja y del movimiento Colombianos por la Paz, dos veces secuestrada por los paramilitares y candidata al Premio Nobel de la Paz 2009, Piedad Córdoba quiere que «se sepa del sacrificio y el dolor de mi país», en el que gracias a las confesiones de jefes paramilitares extraditados en Washington «se sabe de la utilización de hornos crematorios y de asesinatos de jóvenes que los militares sacaban de sus casas, torturaban y asesinaban para luego vestirles de guerrilleros y cobrar los 1.500 dólares de recompensa que se pagaban por el asesinato de cada uno, y, además, por ello eran condecorados o ascendidos». De hecho, añadió, «existe una directiva del Ministerio de Defensa, digna del museo del horror, en la que se fijan las recompensas que se dan a los militares por cada muerto o robo».

En Colombia «hablamos de 4'5 millones de desplazados internos, 15.000 desaparecidos en los últimos dos años, aunque nosotros pensamos que son cerca de 50.000; 1.500 ejecuciones extrajudiciales, que son crímenes de Estado cometidos a sangre fría, minas antipersonas o niños en el conflicto».

Córdoba fue contundente a la hora de apuntar directamente al Gobierno de Uribe, a los militares y la policía colombiana por estar «absolutamente comprometidos con el narcotráfico y los paramilitares de Colombia».

La implicación de la comunidad internacional «es fundamental para que Colombia alcance la paz» y, al respecto, reclamó a los gobiernos que «dejen de tratar y recibir al presidente Uribe como un presidente democrático».

La situación, recordó, ha cambiado a partir de las confesiones de los jefes paramilitares colombianos, con los que la senadora ha tenido la ocasión de entrevistarse recientemente. Estos líderes -como Salvatore Mancuso, 'Don Berna', 'Macaco' o 'El Tuso'- han dado a conocer también «las estrechas relaciones con empresas nacionales y multinacionales financiadoras del paramilitarismo». Si bien, la senadora quiso ser cauta y reconoció que «conozco un listado preliminar, pero desconozco si alguna es española». Sobre las acusaciones del presidente Uribe al tratar de vincularla con las FARC, Córdoba aseguró que «se pone en peligro mi vida» y, de hecho, contó, «hay campañas en internet para recaudar dinero para matarme o gasolina para quemarme».