La Junta de Govern aprobó ayer el proyecto de nueva ordenanza de consumo del Ajuntament de Palma. A través de la norma, Cort incluirá tres nuevos ámbitos competenciales: inspección de comercios, potestad sancionadora y la creación de la Junta Arbitral Municipal, el instrumento para resolver conflictos en materia de consumo. De momento, el Consistorio no asumirá las dos últimas atribuciones por no disponer de los recursos suficientes para desarrollarlas.
Según la regidora de Consum, Joana Maria Borràs, en los últimos años «han proliferado los comercios ilegales» en Palma, una situación que «afecta a los establecimientos pequeños y medianos». Por barrios, Son Gotleu es donde más se han desarrollado. De ahí la intención de intensificar las inspecciones para detectar los productos que no cumplen con la normativa en aspectos como el etiquetaje, la publicidad o la forma de prestar el servicio, entre otros. Para Borràs, el aumento del número de comercios ilegales ha perjudicado al sector, y le «ha impedido afrontar la crisis».
Borrás aseguró que, en la actualidad, el área de Consum dispone de nueve inspectores. El objetivo es que «se dediquen 365 días al año a su trabajo y no según la temporada». La ordenanza se basará en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la legislación sectorial en materia de consumo y la legislación de régimen local.
La aprobación de la norma por la Junta de Govern es el primer paso de la tramitación administrativa. El siguiente paso consistirá en redactar la memoria y debatirla en comisión para que puedan presentarse alegaciones. Después, el pleno deberá dar su visto bueno de forma inicial para que la normativa pueda exponerse a información pública.
Tras detectar cuatro compañías de bajo coste que incluían cláusulas abusivas, y pedirles que las eliminaran, Consum se pone como límite mediados de julio para denunciar a las low cost si no responden antes.
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