Barceló tendrá que pronunciarse sobre esa cuestión tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de no prorrogar las diligencias informativas emprendidas por la Fiscalía Anticorrupción de Balears relativas al supuesto enriquecimiento ilícito del jefe del Ejecutivo balear.
El 'caso Matas' inició su recorrido tras la denuncia de un ciudadano sobre los gastos realizados por el ex presidente en su vivienda particular situada en el casco antiguo de Palma.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Cándido Conde Pumpido, explicaron ayer a este diario que existe un periodo de seis meses estipulados para proceder a realizar diligencias informativas, aunque cabe la posibilidad de ampliar el plazo de su desarrollo, algo que no se ha producido en este caso.
Normalmente, las diligencias abiertas por Anticorrupción tienen un plazo de ejecución de doce meses, pero la Fiscalía General del Estado entiende que esa circunstancia no se da en el caso concreto de la investigación a Matas, ya que Juan Carrau y Pedro Horrach han actuado en ese tema como representantes del Ministerio Público de la Islas, y no como fiscales anticorrupción.
Por ello, según Conde Pumpido no procede prorrogar las diligencias abiertas por la Fiscalía territorial de las Islas, incidiendo al respecto que esta determinación no implica ninguna decisión sobre el fondo del asunto.
Fuentes del Ministerio Público han señalado que fue el fiscal superior de Balears quien, como es preceptivo, solicitó la prórroga una vez transcurridos seis meses desde la apertura de las diligencias de investigación.
Sin embargo, y ante la «escasa entidad de los datos recabados durante este tiempo», la Fiscalía General del Estado ha decidido que no procede continuar con las investigaciones y así se lo ha comunicado a Bartomeu Barceló.
Esta es la segunda ocasión en que un fiscal general del Estado paraliza una investigación contra Jaume Matas. Ya lo hizo en 2002 en el 'caso Bitel', cuando el entonces 'número uno' de la Fiscalía, Jesús Cardenal, nombrado por el PP, decidió que no existían «indicios suficientes» para recurrir el archivo de la causa que investigaba un supuesto espionaje informático al correo electrónico del ex presidente de la Comisión Insular de Urbanismos de Mallorca Francesc Quetglas. El fiscal del caso Miguel Àngel Anadón explicó que no recurrió el archivo por «orden de Cardenal», pero dejó claro que él no estaba de acuerdo.
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