«Nunca tuve fondos públicos a mi disposición, ni el Consell de Mallorca hizo aportación financiera alguna y nunca tuve un papel ejecutivo en el Consorcio para la Construcción del Velódromo del Palma Arena». De esa manera zanjó ayer el ex director de S'Institut Josep Lluís Rosselló, el contenido de algunas de las preguntas que le formularon el juez del 'caso Palma Arena', el fiscal y los abogados personados.
Rosselló, que declaró como imputado, insistió en que en ningún momento dudó de la información que le facilitaban (en su calidad de vocal del Consorcio en representación del Consell de Mallorca), y que tampoco apreció «el menor indicio de que todo lo que los señores ('Pepote') Ballester y (Jorge) Moisés decían no estuviera avalado por informes técnicos o jurídicos preceptivos».
También afirmó que nunca se apreciaron elementos «para sospechar que existieran irregularidades administrativas», y que entiende que, de las tres instituciones que integraban el Consorcio «era el Govern, a través de la Conselleria de Presidència i Esports, la que prestaría el apoyo jurídico administrativo a Ballester y Moisés. El 'caso Palma Arena' investiga la comisión de varios supuestos delitos en la construcción de ese recinto deportivo, que prácticamente triplicó su valor de ejecución.
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