El portavoz del PP en el Ajuntament de Palma, Julio Martínez, propuso ayer la creación de una comisión no permanente según el reglamento del pleno, con técnicos donde se valore el estado de los edificios de Palma con la finalidad de que no se vuelvan a producir derrumbes y tranquilizar a los ciudadanos. El equipo de Gobierno de Aina Calvo recogió la propuesta de los populares.
Por su parte, la regidora d'Urbanisme, Yolanda Garví, informó sobre las actuaciones que se han llevado a cabo desde su departamento en el lugar de los hechos. «Desde el primer momento fuimos plenamente conscientes de la gravedad de los hechos», manifestó. Además, reiteró las dificultades que tienen para conocer el historial del edificio y señaló que el primer día decidieron abrir una oficina en la asociación de vecinos para contrastar las diversas informaciones que les llegaban de los vecinos. También señaló que se convocó a los propietarios de la finca para intentar esclarecer los datos.
Garví reiteró que los técnicos han descartado que haya problemas en el subsuelo y aseguraron que el problema se subscribe al ámbito del propio edificio. «Está garantizada la normalidad de la zona».
La regidora d'Urbanisme hizo especial hincapié en que es «desaconsejable hacer afirmaciones gratuitas sobre las causas del siniestro, dejemos a los expertos trabajar». En este sentido, anunció que el método de trabajo que se sigue se divide en tres líneas. La primera de ellas consiste en separar, estudiar y analizar los escombros del edificio, que se han llevado a un lugar apartado en Son Reus; la segunda se centra en el material de la edificación; y la tercera en las pruebas de laboratorio.
Garví avanzó que se realizarán dos informes: uno lo ejecutarán los técnicos y el otro un perito externo. Este trabajo se prolongará durante varias semanas.
Tanto la alcaldesa como la regidora de Urbanisme apelaron al sentido de la responsabilidad de los propietarios de los inmuebles y recordaron la obligación que tienen en el mantenimiento.
Garví también quiso dejar claro que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) «no tuvo nada que ver en el derrumbe. No es una inspección que haga Cort, sino que es una obligación de los propietarios».
El teniente de alcaldesa de Benestar Social, Eberhard Grosske, y el regidor de Seguretat Ciutadana, Antoni Donaire, también explicaron el modo de actuación de sus respectivas áreas.
Por otra parte, profesionales del Derecho aseguran que el Ajuntament de Palma podría tener responsabilidad subsidiaria en el derribo del edificio de la calle Rodríguez Arias en la madrugada del domingo al lunes. En este sentido, desde el Bufete Pomar explican que el consistorio palmesano tiene obligación de controlar todos los edificios. Además, argumentan que si se han hecho obras ilegales, tal y como parece ser (al menos la fachada se ha pintado sin licencia), Cort tiene la obligación de evitar que se produzcan estas irregularidades.
Sin embargo, el abogado Rafael Perera considera que el Ajuntament no tiene responsabilidad subsidiaria, ya que el edificio siniestrado «estaba en plazo de revisión y, por tanto, la obligación de conservación del edificio corresponde a la propiedad. Cort no es una compañía aseguradora de todos los edificios».
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