Palma30/01/10 0:00
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Baleares acumula anualmente entre 1.700 y 1.800 órdenes judiciales de alejamiento de hombres respecto a sus parejas por motivos de malos tratos y, del total de mujeres protegidas por este medida, el 30 por ciento es menor de 30 años, según informó a Europa Press la presidenta del Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs, que especificó que estos datos corresponden al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, referidos a junio de 2009.

Thomàs manifestó que a la espera de que el TSJB publique la memoria de 2009, los datos que se conocen revelan que ya se están dando casos que afectan a adolescentes, para cuyos novios un juez ha tenido que dictar una orden de alejamiento, tras producirse malos tratos.

Por otro lado, reveló que actualmente, nueve hombres portan por orden judicial la pulsera antimaltrato en Baleares para evitar que se acerquen a sus víctimas a una distancia mínima, que se suele situar en los 500 metros, mientras que desde la puesta en marcha de este dispositivo en 2006, lo han utilizado entre 12 y 15 hombres acusados de malos tratos a sus parejas.

Así, Thomàs recordó que estas pulseras cuentan con un GPS que está conectado con un dispositivo que lleva la víctima, mediante el cual ésta es alertada con una alarma en caso de que su maltratador incumpla la distancia mínima fijada por un juez. Inmediatamente, la empresa encargada de estas pulseras recibe una señal y avisa a la Policía, con el fin de que acuda a proteger a la víctima e investigue por qué el agresor se ha acercado a ella más de lo debido.

Esta medida, que en la actualidad permite la protección de alrededor de 190 mujeres víctimas de malos tratos en toda España, sirve para que el agresor eluda la prisión en caso de que un juez no lo considere un gran peligro para la integridad física de su pareja, si bien en caso de que se quite la pulsera o incumpla la distancia mínima fijada por orden judicial, puede ingresar en la cárcel.

En principio, la Conselleria de Asuntos Sociales firmó en 2006 un contrato de alquiler, por el cual tenía a su disposición un total de 50 pulseras antimaltrato, si bien en los años siguientes, redujo esta cifra a 25 ante la escasez de sentencias judiciales que obligaran a los agresores a llevar este dispositivo.

Posteriormente, se implicó el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Igualdad, de forma que el Gobierno central adquirió un total de 3.000 pulseras que están a disposición de todas las Comunidades Autónomas, en caso de que se fijen órdenes judiciales que obliguen a los acusados por malos tratos a portar este dispositivo.