Tras prestar declaración ante la jueza Rebeca Martín Calvo, Barceló indicó que «he intentado responder a todas las preguntas que me han hecho y colaborar con la Justicia» y reiteró que el Consell de Menorca «ha actuado dentro de la legalidad en todo momento intentando que todos los ciudadanos se sientan tratados de manera justa y en igualdad de condiciones». Barceló prestó declaración durante media hora por unos hechos que se remontan a su gestión como presidenta del Consell de Menorca.
Por su parte, el actual presidente del Consell prestó declaración durante aproximadamente una hora y media y tras valorar «positivamente» la comparecencia, afirmó que «he dado respuesta a todas aquellas cuestiones que podían generar cualquier tipo de sombra y he aportado toda la documentación que reafirma las decisiones tomadas por el Consell».
Pons respondió hoy por unos hechos que se produjeron cuando ocupaba el cargo de conseller de Ordenación del Territorio en la Institución Insular, presidida por Barceló.
Así, en declaraciones a la prensa, el presidente del Consell menorquín explicó que la denegación de la licencia de construcción de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintas de Ciutadella «no iba en contra de nadie, sino que únicamente pretendía hacer cumplir la normativa, como lo ha refrendado el Tribunal Superior de Justicia».
Por otro lado, apuntó que «cuando se da una inactividad municipal, la normativa establece que la administración de rango superior, en este caso el Consell de Menorca, debe actuar, y así lo hicimos». Pons puntualizó que «las decisiones que se han tomado respecto a este expediente han sido siempre desde el más escrupuloso respeto a la ley y a la normativa urbanística existente».
Asimismo, precisó que, al ser él y Barceló diputados autonómicos y por tanto, aforados, podrían haberse abstenido de declarar ante el juez instructor, pero, en un «ejercicio de transparencia» y debido a la «tranquilidad que nos producen las acciones que hemos llevado a cabo hemos decidido comparecer ante el juez», apostilló Pons.
En este contexto, el abogado de Barceló y Pons, Gabriel Garcías, confió en que la denuncia se archive próximamente.
Por el contrario, el abogado de la parte querellante, Jordi Tirvió, señaló que «hay muchas pruebas documentales que acreditan la «falta de legitimación en la subrogación».
En este sentido, Tirvió hizo hincapié en que el querellante denunció la decisión del Consell de subrogarse al Ayuntamiento de Ciutadella para la tramitación de la disciplina urbanística en la instalación de una fábrica de prefabricados en suelo rústico.
Los hechos se remontan a mediados del año 2004, cuando la empresa Valeriano Allés Canet pidió la licencia de obras para construir la fábrica de prefabricados en suelo rústico, pero el Ayuntamiento de Ciutadella no actuó.
En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Consistorio, por lo que el Consell fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia, que denegó el 15 de noviembre de 2004, alegando que el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella y el Plan Territorial Insular no permiten la ubicación de instalaciones industriales en suelo rústico
8 comentarios
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Yo no creo en la justicia. Como puede un juez ser independiente cuando le controlan los politicos. ¿que es el Constitucional, el Supremo? toda una farsa de enchufados politicos.
Animo Valeriano. Ella sabia lo que hacia: daño.
Puñaladas traperas es lo que siente en su cuerpo Valeriano. Le hundieron a sabiendas que habia un DOLO tremendo, ahora a base de pretender legalidad quieren salirse del rollo.
Pero tan difícil es mirarse las cuentas de todos los político, sus mujeres, cuñados, primos y demás familia?? O es que están todos metidos en el ajo?? Cómo es que no se crea una ley para estos vividores?? En la carcel hasta que aparezca el último €€€. ¿ qué es eso de robar cientos de millones pasar uno o dos años en prisión y ya está??? donde está el dinero??? País de chorizos, butifarras etc...
els socialistes acusats de defensar la legalitat i que la llei és igual per tothom, siguis VAC o siguis pobre i els del pp-um acusats de ficar ma al calaix.
Los administradores tienen mucha ventaja en pleitos sobre los administrados. Creo que su intervención más que basarse en normas tiene mucho de política sucia
Claro Sra. este tranquila, lo preocupante seria que la mandasen a declarar de oficio por una petición de la especial anti mafia, (mas que nada por los resultados hasta hoy entre sus colegas y socios) así hasta los perores vecinos del mundo, temblarían de solo pensarlo.
otro claro ejemplo de quienes son esta lacra sociata, esta embustera hace ahora un año vaticinaba el fin de la crisis y un descenso signifiocativo del paro, todo ello mientras ocupaba el cargo de consellera de trabajo todo mentira y entre mentira y manipulacion mediatica, ella y sus compiches se han llenado los bolsillos a reventar eso si generando miseria de la cual ellos y sobre todo ellos los sociatas son los maximos responsables. socialismo=ruina