Mil máquinas tragaperras, de baja por la crisis

El presidente de la patronal de tragaperras de hostelería indicó que el sector ha iniciado un proceso de reestructuración que hasta ahora no se había producido en Mallorca, donde el parque de tragaperras venía creciendo de forma constante en los últimos veinte años, un proceso en el que también se está reduciendo el número de empresas bien por cierre o bien por absorción.
Esta patronal, que engloba a unas 70 empresas, explica que la facturación del sector empezó a caer desde el mes de agosto de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, en unos porcentajes del 20 por ciento, unos retrocesos que se han mantenido a lo largo del año pasado.

Mairata explicó que la reducción de máquinas se explica porque todas las que están de alta a 31 de diciembre están obligadas a pagar la totalidad de la Tasa de Juego a la administración autonómica, un tributo que se abona trimestralmente pero que en su cómputo anual asciende a 3.500 euros.

El presidente de la patronal explicó que, en su subsector, las empresas propietarias se dedican a distribuir un máximo de dos máquinas tragaperras en establecimientos de hostelería, ya sean bares, restaurantes y cafeterías, con cuyos propietarios se reparten la recaudación al cincuenta por ciento, una vez pagados los correspondientes impuestos. «Es necesario sacar al menos 3.500 euros por máquina, si no no vale la pena terneras», explicó Jaume Mairata.

Salones

El presidente adjunto de la Asociación de Empresarios de Salones Recreativos de Mallorca, Miquel Àngel Riera, afirmó que el sector redujo su recaudación un 40 por ciento el año pasado, circunstancia que explica que sus asociados hayan cerrado el 10 por ciento de sus establecimientos y reducido el número de máquinas tragaperras.
Riera informa que este sector aglutina en estos momentos a un centenar de salones de juegos que son explotados por unas 50 empresas y que dan empleo a 400 trabajadores.

Riera afirmó que la recesión económica está afectando a sus cartera de clientes, que son ciudadanos con un poder adquisitivo «reducido», a diferencia de lo que sucede con la clientela del casino, según afirmó.