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El pleno de Cort vivió ayer una situación 'déjà vu', ya que la Junta General de Emaya fue casi idéntica a la del mes anterior. Así, por segundo mes consecutivo se dejó sobre la mesa la propuesta de la alcaldesa Aina Calvo de aprobar los criterios por los cuales se configura el consejo de administración de Emaya y Cristina Cerdó sigue siendo la presidenta de la citada empresa pública.
Calvo propuso dejar sobre la mesa la propuesta, ya que el informe de los servicios jurídicos de Emaya y el de Cort eran contradictorios. Como adelantó ayer este periódico, el informe de Emaya sostiene que la propuesta de Calvo supone una modificación de los estatutos de la empresa, mientras que el de Cort da la razón a la alcaldesa.
Destitución
Cerdó insistió en que los servicios jurídicos de Emaya, presentes en el pleno, aclarasen cualquier duda al equipo de gobierno para poder encontrar una solución y no tener que volver a dejar este punto sobre la mesa. «Tengo muy asumida la situación y soy la primera interesada en encontrar una salida», aseveró Cerdó en alusión a la intención de Calvo de destituirla desde que rompió el pacto con UM. El regidor popular Àlvaro Gijón propuso que «o nos quitamos las caretas o seguiremos así mucho tiempo». Además, reprochó a Calvo que aún no haya presentado una propuesta para cambiar a la presidenta de Emaya y destacó que Alcover no puede sustituir a Cerdó, ya que para asumir la presidencia es necesario formar parte del consejo de administración de Emaya.
Posteriormente, se celebró el pleno ordinario de marzo, en el que la oposición pudo sacar adelante la mayoría de sus propuestas; en muchos casos PP y UM votaron juntos. El PP instó a la alcaldesa a cumplir los acuerdos del pleno, a lo que ésta respondió que lo hará, pero «de acuerdo a la Ley». El portavoz del PP, Julio Martínez, aprovechó para replicarle que no hay ninguna Ley que diga que no se pueden celebrar dos plenos al mes, ni que los gastos superiores a 6.000 euros no puedan pasar por la comisión de Cuentas. Además, instó a dimitir a la alcaldesa «sino quiere llevar a cabo sus competencias administrativas sobre lo que aprueba el pleno».
El pleno no aprobó suspender la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a las zonas M de los polígonos industriales, ni volver a la normativa de 2004, ya que UM se abstuvo y para que prosperase era necesario mayoría absoluta.
Aunque UM también se abstuvo en la proposición sobre Son Garcies, el PP sí logró aprobarla por minoría simple. En concreto, se instaba al equipo de gobierno a tramitar la modificación puntual del PGOU de Son Garcies Vell y a obtener en el mínimo tiempo posible su aprobación definitiva. El objetivo es proporcionar un lugar «con las dimensiones adecuadas» para ubicar a las empresas de vehículos de alquiler.