Miquel Ramis y Mabel Cabrer, esta mañana. | M. À. Cañellas

TW
4

El Partido Popular ratificó y amplió ayer ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma su denuncia por prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en relación con la adjudicación de las obras de reparación del metro. La diputada y consellera d' Obres Públiques durante la pasada legislatura, Mabel Cabrer, y el secretario general de la formación conservadora, Miquel Ramis, fueron los encargados de formalizar el trámite judicial.
La ampliación de la denuncia del PP se basa, según el escrito presentado, en el hecho de que el informe de la Sindicatura de Comptes de 2008 hecho público «confira gran parte de la vulneración de la normativa vigente en materia de contratación pública» en la que se basó la denuncia del PP, la cual se centraba en la adjudicación irregular a la empresa INECO del contrato de reparación de la línea de metro de Palma tras las inundaciones de agosto y septiembre de 2007.
Obras de emergencia
La ampliación de la denuncia presentada por el PP aborda dos cuestiones: la consultoría y asistencia para la la materialización de inversiones y proyectos para el 2008 y la obras de emergencia del metro. Respecto la primera destaca el incumplimiento de la normativa en materia de «publicidad, selección y ejecución de los contratos».
Sin embargo, los conservadores ponen especial énfasis en denunciar que es la Sindicatura de Comptes la que «niega el alcance de la declaración de las obras de emergencia efectuadas en el metro de Palma». En este sentido, el PP argumenta que «el grueso de la obra no podía hacerse bajo la ficción de una emergencia y máxime cuando la Conselleria puso todo su empeño en tener cerrado el máximo tiempo posible el metro de Palma, con el único objetivo de hacer daño al Partido Popular y crear una imagen pública de que las obras habían sido un desastre».
En la misma línea se precisa que la Conselleria «diseñó una estrategia claramente lesiva para el erario público, donde en base a contrataciones a dedo o concursos amañados ofrecería esa imagen ficticia de emergencia para dañar el PP».
Para los responsables del PP el principal beneficiarioi de la emergencia «ficticia era la empresa a la que se le había otorgado un contrato en fecha 14 de noviembre de 2007 (INECO por un importe global de 2'4 millones de euros), sin concurso público y sin precio máximo y quedando al arbitrio de la misma lo que era o no de emergencia: cuanta más emergencia declaraba más cobraba porque era la misma empresa la encargada de dirigir las obras de la emergencia. Todo un despropósito».
Respuesta del Govern
El Govern se personó ayer mismo en la causa y aportó documentación relativa a la denuncia interpuesta por el Partido Popular para defender que, en ningún caso, «se han cometido irregularidades», según indicó un portavoz. En este línea se recordó que INECO -la empresa adjudicataria sobre la que se centra la denuncia del PP- «sólo hizo el informe previo a las obras, no la ejecución. Las obras se adjudicaron mediante el preceptivo concurso público».
Para hoy mismo, el conseller de Mobilitat, Gabriel Vicens, ha anunciado una comparecencia pública para dar a conocer su versión sobre esta confrontación judicial con el Partido Popular por culpa de las obras del metro de Palma.