La protesta comenzó alrededor de las 11.00 horas ante la sede de la Agencia Tributaria en la capital balear, y concluyó sobre las 13.00 horas ante el Ajuntament de Palma, en la plaza de Cort, tras pasar por los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y la Delegación del Gobierno central en la comunidad autónoma.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en las islas, Aurelio Martínez, aseguró durante el transcurso de la manifestación que la huelga «va mejor de lo esperado», si bien reconoció que es «a toro pasado» puesto que el decreto que regula el recorte ya se ha aprobado y que las medidas contempladas en él ya se han empezado a aplicar.
No obstante, Martínez remarcó que la huelga «es el inicio, no el final», puesto que a partir de ahora tendrán lugar protestas sectoriales «ayuntamiento por ayuntamiento y empresa por empresa», y reiteró que el decreto es «ilegal y anticonstitucional».
«Hasta aquí hemos llegado»
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Baltasar Piñeiro, aseguró que los trabajadores públicos «tenían que dar una respuesta a la metida de mano en su bolsillo que ha hecho la administración».
«Hasta aquí hemos llegado», sentenció, en lo que definió como una «advertencia» al Ejecutivo central.
Asimismo, Piñeiro destacó que la huelga está teniendo una mayor incidencia entre los trabajadores públicos de los ayuntamientos y de los Consells Insulares, administraciones en las que la incidencia se sitúa, según los sindicatos, entre el 60 y el 70 por ciento.
En este sentido, Piñeiro destacó la participación en el paro de los empleados de las empresas públicas, en concreto de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma, que está ofreciendo servicios mínimos «pero con retrasos».
No obstante, desde UGT no ven de la misma forma el efecto de la huelga en las empresas públicas. Según el secretario general de Acción Sindical de la central, Manuel Pelarda, los servicios mínimos fijados por las administraciones son «abusivos» puesto que «son mayores que un día festivo».
Según Pelarda, las administraciones «han vulnerado el derecho constitucional a ir a la huelga» al establecer estos servicios mínimos, lo que ha provocado que los funcionaros estén además «jodidos y cornudos».
En este sentido, el responsable de Acción Sindical de UGT aseguró que «la gente está muy quemada ante el intento de desprestigiar a lo público», si bien recordó que el empleado público «no es aquel de la ventanilla, sino aquel que educa a nuestros hijos, el que vela por nosotros o el que nos cura cuando estamos enfermos».
USO, ante la Seguridad Social
Por otra parte, unos treinta minutos antes del inicio de la protesta de UGT y CCOO, cerca de un centenar de funcionarios de Unión Sindical Obrera (USO) se manifestaron también ante la Tesorería General de la Seguridad Social con el objetivo de mostrar su rechazo ante las medidas comprendidas en el Decreto Ley conocido como el 'zapatazo'.
El responsable de la Federación de Empleados Públicos de USO, Manuel Fernández, explicó que el sindicato escogió este emplazamiento para que los funcionarios que estén en servicios mínimos o que no hayan ido a la huelga por el día de salario que perderían «puedan manifestarse», si bien reconoció que casi todos los trabajadores de esta administración estaban trabajando hoy.
Según Fernández, un día de huelga podría suponer un recorte de entre 65 y 90 euros en un salario medio, una cantidad que «muchas personas no pueden permitirse el lujo de perder».
En relación a las medidas dirigidas a reducir el déficit, el responsable de Empleados Públicos de USO aseguró que el recorte equivaldría a una paga extraordinaria, por lo que un trabajador «normal» que gane unos 1.400 euros mensuales podría perder unos 150 euros al mes.
En este sentido, Fernández recordó que la reducción de las retribuciones de los funcionarios, de los dependientes y de los pensionistas repercutirá en un descenso del dinero que habrá en circulación, lo que tendrá un efecto «totalmente desfavorable» en el consumo.
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