Socías explica al sector de las Pymes y de la construcción las medidas para impulsar la recuperación económica

Antes de mantener el encuentro, Socías detalló que este Decreto, que actúa sobre ámbitos en los que es necesario aprobar reformas para reafirmar la recuperación económica y favorecer la creación de ocupación, se centra en diferentes ejes como son la rehabilitación de viviendas, el apoyo a las pymes, la protección de la población más vulnerable, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial o el sector energético y financiero.

El delegado del Gobierno explicó que la reunión de hoy versó sobre las iniciativas destinadas a la rehabilitación de viviendas y adelantó que la próxima semana tendrá lugar otro encuentro con representantes del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Además, reconoció que el Ejecutivo central debe trabajar en la agilización de los trámites, para que, por ejemplo, los ciudadanos no tengan la necesidad de presentar documentación que ya está en poder de la administración. No obstante, destacó que actualmente los funcionarios aplican una «cautela más acentuada» que hace cuatro o cinco años a la hora de realizar todos los trámites administrativos para evitar ser las «víctimas colaterales de los abusos por parte de los políticos».

Esta precaución, según dijo, a la hora de examinar los papeles presentados por los ciudadanos, tiene como objetivo que no se repitan acontecimientos que tuvieron lugar durante el pasado, por lo que miran las cosas «tres veces si hace falta».

Mayor agilidad en la administración

Sin embargo, admitió que se debe combinar esta cautela con una mayor agilidad para «no eternizar» la concesión de una ayuda a los ciudadanos.

En concreto, las medidas relativas a la vivienda están destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción mediante el impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas.

Así, se incluye la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF para las obras de mejora en el inmueble habitual que se realicen hasta el 2012, siempre que tenga por objeto la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministro o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad.

De esta forma, se permitirá una deducción del 10 por ciento de las cantidades invertidas, con un límite anual de 4.000 euros, siempre que la base imponible sea de menos de 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.002,20 euros. El límite durante los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda.

Además, hay iniciativas orientadas a favorecer la actividad empresarial a partir de reformas de carácter administrativo y fiscal. Entre ellas, se encuentra la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir el mantenimiento de las relaciones contractuales con la administración a las empresas que hayan pedido la declaración voluntaria de concurso de acreedores.

Modificación de la Ley de Subvenciones

También se modifica la Ley de Subvenciones para que las empresas se declaren voluntariamente en concursos de acreedores las puedan seguir recibiendo, entre otras medidas.

En relación a la protección de los ciudadanos más desfavorecidos, el Decreto eleva el umbral de inembargabilidad un 10 por ciento sobre el actual en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cobrar el crédito garantizado, incrementándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios.

Además, incluye la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público y colectivo.

Medidas para las Pymes

En cuanto a las pymes, se busca introducir nuevos mecanismos de apoyo financiero y reducir las cargas administrativas en el ámbito tributario. Así, el ICO agilizará los procedimientos necesarios para la puesta en marcha de un programa de financiación antes del próximo 15 de junio, se flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, y se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para exonerar las obligaciones de documentación cuando las operaciones no superen los 100.000 euros.

La normativa incorpora también actuaciones en sectores como el energético y el financiero, de manera que clarifica el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en diferentes aspectos para garantizar la seguridad jurídica, reduce plazos y trámites en el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones, y permite que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que sean titulares.

En cuanto al energético, incluye medidas para modernizar el sector, así como otras iniciativas relativas a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación y regulación de la figura del gesto de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico con una propuesta de tarifas 'super-valle'.