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El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Maó ha decretado el sobreseímiento y archivo de una querella en la que se imputaba un presunto delito de prevaricación administrativa a la consellera de Turisme y Treball del Govern balear, Joana Barceló, y al presidente del Consell de Menorca, Marc Pons.
Esta decisión se ha adoptado porque «los hechos investigados no son constitutivos de delito». La magistrada Rebeca Martín Calvo, autora de la sentencia, concluye que Joana Barceló y Pons, «actuaron con arreglo a la ley aplicable» y asevera que la ilegalidad urbanística motivo de sanción ha sido reconocida en dos sentencias judiciales.
El empresario de canteras Valeriano Allés Canet presentó la querella por los expedientes de disciplina urbanística incoados contra su empresa por infracciones contra el Plan General de Ciutadella y el PTI de Menorca. Barceló y Pons han contado con la asistencia letrada de Gabriel Garcías.