Juan José Sedano, a la derecha, junto a su abogado, esta mañana en los juzgados. | Jaume Morey

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Federico Rodríguez Cerdá, consejero delegado de la empresa Gestión de Proyectos Balear (GPB), que forma parte de la UTE concesionaria del parque de bomberos de Palma, ha negado ante el juez un posible amaño en este concurso y ha afirmado que era habitual tener información sobre estos procedimientos antes de su publicación. Cerdá ha sido citado hoy a declarar como imputado por el juez instructor del «caso Bomsai», un caso de supuesta corrupción en el que se investiga el supuesto desvío de fondos en la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP, principalmente del nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salut.

El responsable de GPB está imputado de un delito de malversación a raíz, entre otras cosas, de un correo electrónico enviado al ex director general de Emergencias Joan Pol en febrero de 2006, ocho meses antes del anuncio del concurso público del parque de bomberos, publicado en el BOIB en octubre de ese año. En dicho correo, que lleva el título «emergencias», se hacen observaciones sobre el concurso de construcción y explotación del parque, así como reflexiones acerca de su modelo económico.

Según un informe policial contenido en el sumario de este caso, en un apartado relativo a medios humanos del correo destaca una frase que reza: «Se debe hacer referencia a una gestora de proyectos (ojo no se cuele Marxant Cosulting)», en referencia a una empresa a la que se debería vetar. A este respecto, Cerdá ha afirmado hoy al juez Juan Catany, en su extensa declaración de varias horas, que era habitual conocer aspectos de los concursos antes de su publicación, y ha añadido que si el del parque de bomberos estaba amañado, él no tuvo conocimiento de ello, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La anterior comparecencia

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El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, ha reanudado los interrogatorios dentro del caso Bomsai, cuyo secreto fue alzado la pasada semana. Federico Rodríguez y Juan José Sedano ya comparecieron el pasado mes de abril ante la Policía Nacional tras estallar este caso de presunta corrupción, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través de la empresa CAIB Patrimoni durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salut en Palma y del parque de Bomberos.

Cabe recordar que Rodríguez, dueño del grupo Gestión de Proyectos Balear (GPB), admitió durante su interrogatorio tras ser detenido por la Policía que antes de que fuese adjudicado a su empresa -junto a Llabrés Feliu y otras- el proyecto de construcción del parque de bomberos ya había manejado información sobre éste y que se había reunido en alguna ocasión con el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal -también imputado- para hablar sobre el pliego de condiciones del concurso.

Por su parte, Sedano, comercial de Sa Nostra Renting, explicó en dependencias de la Jefatura Superior que el ex consejero de CAIB Patrimoni y ex director general de Emergencias, Joan Pol, pidió a Sa Nostra cómo podría ser el proyecto de un parque de bomberos «como un 'renting' en vez de como una inversión» mientras que desde GBP le solicitaron cómo sería viable una operación de financiación. «Me llamó la atención el hecho de que las empresas que se ponían en contacto conmigo manejaban información teóricamente privilegiada», llegó a aseverar el encausado.

Las investigaciones sobre la adjudicación de la Conselleria y el parque de bomberos llevaron a denominar Bomsai (por separado, Bomberos-Salud-Islas) esta operación, en la que se indaga si se cometieron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otras posibles infracciones penales.

Un total de ocho personas han sido detenidas en el marco de este procedimiento. Entre ellas se encuentran el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda; Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.