El Instituto Balear de Turismo (Ibatur) fraccionó el pago de 96.090 euros para organizar un evento deportivo en Ibiza en diez expedientes diferentes, un mecanismo que se usó reiteradamente en este organismo público durante la legislatura pasada del PP para desviar fondos eludiendo los controles legales. Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que forma parte del sumario del «caso Ibatur» de supuesta corrupción, cuyo secreto fue levantado ayer por el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola.
En el documento se detallan los mecanismos que se usaban en el Ibatur para desviar dinero público a manos privadas, tras analizar los expedientes de contratación con cinco entidades, tres de ellas vinculadas a otro caso de corrupción, el del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). El fiscal Pedro Horrach concluye que en algunos casos el Ibatur usaba procedimientos ilegales de contratación para no tener que sacarlos a concurso, consistentes en dividir la adjudicación en expedientes de hasta 12.000 euros, y que, en otros, imponía «precios exagerados por servicios mínimos».
Como ejemplo del primer mecanismo alude al citado contrato de Ibiza y, en relación al segundo, el fiscal detalla que se pagaron 5.568 euros a una entidad para traducir al chino tres palabras: Govern balear, Illes Balears e Ibatur. Además, «en un elevado número de ocasiones», indica el fiscal, el Ibatur abonó facturas por servicios inexistentes. En el caso de los expedientes de contratación entre Ibatur y CDEIB, el fiscal apunta que «absolutamente todos» son «simulados» para dar apariencia de legalidad a decisiones ya tomadas con anterioridad.
«En todos los casos, primero se contrata el servicio de forma verbal y, posteriormente, se viste jurídicamente, es decir, se conforma el expediente una vez que se ha contratado el servicio. Incluso, en numerosas ocasiones ya se ha ejecutado y abonado el servicio cuando se procede a fabricar el expediente», apunta el fiscal. Las empresas que contrataba Ibatur que analiza la Fiscalía relacionadas con el CDEIB son Gourmet and Boutique Island S.L., Comarca Global Consulting S.L., IAS Hong Kong Opportunities Limited, Amengual & Pino Consultores S.L. y Exclusivas Press S.L.
El titular «formal» de las tres primeras es el ex concejal del PP Felipe Ferré, imputado en el «caso Scala» (CDEIB) y que confesó distintas ilegalidades que se cometieron en este consorcio durante la legislatura pasada. Según el fiscal, los titulares «reales» de estas empresas, que las usaban supuestamente para desviar dinero, son en cambio el conseller de Comercio e Industria del PP entre 2003 y 2007, Josep Juan Cardona; el director general de Promoción Turística en ese periodo, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas, todos ellos imputados en el «caso Scala».
Amengual & Pino fue propiedad del ex director del Ibatur Juan Carlos Alía, el único de los 16 detenidos de momento en este caso que está en prisión, después de que el juez dictara cárcel para él por haber cobrado supuestamente comisiones cuanto era gerente del ente público. La instrucción del «caso Ibatur» comenzó en febrero de 2009 a raíz de la detención del entonces secretario del instituto, Miquel Angel Bonet, quien reconoció haber falsificado facturas para desviar dinero público a particulares.
El caso dio lugar el 29 de junio a la operación policial denominada «Pasarela», dentro de la cual se han detenido por el momento a 16 personas, las primeras trece en los tres primeros días de su puesta en marcha. Estas trece personas quedaron en libertad con o sin fianza, y además la Policía registró cinco empresas y una fundación en Mallorca y Madrid vinculadas con el Ibatur, entre ellas Over Marketing, relacionada con el «caso Gürtel».
Entre los detenidos estaban los directores del Ibatur la pasada legislatura, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, el ex secretario del organismo Miquel Angel Bonet y el publicista Juan Velasco -de la agencia Clave-. Los tres últimos están en libertad por esta causa bajo fianzas de 350.000, 100.000 y 250.000 euros, respectivamente. En una segunda fase, iniciada ya en julio, fueron arrestados dos publicistas cuyas empresas trabajaron para el Ibatur: el dueño de Espiral, Guillem Deya, quien quedó en libertad tras declarar ante el juez aunque bajo una fianza penal de 100.000 euros, y el administrador de la empresa Centro de Comunicación Creativa, B.M.,que quedó en libertad con cargos. Finalmente, días más tarde se detuvo al dueño de la empresa de comunicación y espectáculos Trui, Miquel Jaume, a quien el juez impuso una fianza de 15.000 euros
1 comentario
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Habrá alguno del PP de la pasada Legislatura que no haya saqueado las arcas públicas. Que sentido de la Etica tienen estos personajes. Para cuando su ingreso en prisión.