El PP mantiene las irregularidades del alquiler de Son Rossinyol

En un comunicado, la formación cuestiona, tal y como ya puso de manifiesto antes de que el Ministerio Público iniciara sus pesquisas, es que el concurso para el alquiler no se pusiera en marcha hasta después de que la empresa Inversiones Can Font -a la que fue arrendado el inmueble- hiciese declaración de obra nueva, a pesar de que un año antes las Consellerias del Govern habían realizado la petición de espacio necesario.

En esta misma línea, el PP recrimina que para la convocatoria del concurso no se utilizase el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) como tampoco se realizase el perfil del contratista. También lamenta que las variaciones introducidas en el contrato de compromiso de arrendamiento del inmueble invalidasen los criterios de adjudicación empleados por el Consejo de Administración de CAIB Patrimoni el 24 de junio de 2009 para adjudicar el contrato a Inversiones Can Font.

Indemnizaciones

Asimismo, desde el partido denuncian que en este mismo contrato se aceptasen indemnizaciones «más onerosas» por parte de la Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento que en caso de incumplimiento por parte del arrendatario. «Cuestión que se establece en cláusulas leoninas no conocidas por el Consejo de Administración de CAIB Patrimoni», han añadido al respecto.

Otra de las cuestiones criticadas por el PP y que mantiene en la actualidad es que el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, quien trasladó la documentación del alquiler a la Fiscalía para que determinase posibles irregularidades, «se atribuyera, sin conocimiento del Consejo de Administración y sin procedimiento administrativo alguno», la capacidad para poder contratar obras valoradas en 2.689.909 euros sin IVA, «burlando así la Ley de Contratos a la que esta sometida, como no puede ser de otra manera, CAIB Patrimoni».

Finalmente, el PP recrimina que en el contrato definitivo de opción de compra suscrito el 26 de enero de 2010, Manera varía el precio de la opción de compra que figura en la oferta presentada por la empresa en el contrato de intenciones de compromiso de arrendamiento de 30 de junio de 2009, «sin que en las actas de CAIB Patrimoni reflejen acuerdo motivado para esta variación».

Sorpresa

Estos son algunos de los motivos, agrega, por los que el PP ha solicitado la comisión de investigación acordada por el Pleno del Parlament y cuyos trabajos se iniciarán a principios de septiembre, así como la fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas de este expediente, también a partir de septiembre. «Con todos estos datos vuelve a sorprendernos que la Fiscalía haya archivado en una diligencia inusual este expediente», asevera.

«Estamos convencidos de que los motivos que nos llevaron a denunciar el expediente se verán confirmados en su totalidad por el trabajo de la Comisión de Investigación y en la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de este expediente», concluyen los 'populares'.

En su escrito de archivo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público defiende que tanto el alquiler del inmueble a la empresa Inversions Can Font y su posterior subarriendo a la Agencia Balear del Agua por parte de CAIB Patrimoni se ajusta a las normas de contratación de derecho común, por tratarse de una Sociedad Anónima y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.