El PSOE pidió «prudencia» a Tugores pero el servicio jurídico del Consell dijo «adelante»

Según ha sabido este diario, los servicios jurídicos del Consell, a la vista de la auditoría encargada por el departamento de Medi Ambient, detectaron desde el primer momento pagos que se reclamaban desde las empresas encargadas de la gestión del los residuos eran irregulares.

La auditoría y toda la información recabada en el Consell se entregó a Fiscalía a principios de diciembre y la policía realizó las primeras detenciones esta semana. «Todo era muy evidente», han señalado a este periódico desde la institución insular.

Un jefe de servicio

La sospecha de «claras irregularidades» se pusieron de manifiesto desde el primer momento. Marilena Tugores, del Bloc, había prometido en febrero su cargo como consellera de Medi Ambient en sustitución de Catalina Julve (UM) pero tardó en incorporarse a su despacho. La operaron en marzo. Cuando se reincorporó el departamento de Intervención le avisó que había varios reclamos de cobro por parte de empresas que se encargaban de la recogida selectiva. Un jefe de servicio, Fernando Ruano, no autorizaba los pagos. Hubo varias reuniones, comprobaciones y una especie de «investigación interna». Tugores avisó al departamento de Presidencia. El conseller Bonet y ella misma se entrevistaron conjuntamente con funcionarios. Las pruebas eran evidentes. Cuando los servicios jurídicos instaron a ir a Fiscalía, el PSIB pidió «prudencia». No se trataba de montar un escándalo sin más. «Yo no he venido a levantar ninguna alfombra, esto no le he buscado», cuentan que dijo Tugores. Y se dio el OK.