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El exgerente del Consorcio de Informática (Cilma) Eugenio Losada entregó ayer a la juez instructora del 'caso Voltor', Carmen Abrines, y al fiscal anticorrupción Miguel Àngel Subirán una lista de personas contratadas a instancias de dirigentes políticos de Unió Mallorquina (UM), que no asistían a sus puestos de trabajo y que fueron 'camufladas' en los proyectos Informallorca, EIEL (Cooperació Local) y Mallorca Digital.
Losada apuntó directamente a su superior, entonces presidente del Cilma, el conseller de Turisme Francesc Buils, como el responsable de esas contrataciones investigadas en la causa. «No se podía contratar sin estar al corriente el señor Buils», declaró Losada, defendido por la abogada Fanny Pol.
El ex gerente del Cilma también entregó a la juez, al fiscal y al resto de abogados personados correos electrónicos con la identidad y sueldo que percibían los trabajadores contratados. «Yo no sabía si eran o no afiliados a UM; me limitaba a acatar las órdenes de mis superiores», resumió.
Responsabilidad
Buils, por su parte, se desmarcó de esas contrataciones, y aunque admitió que firmaba los contratos, declaró que «el responsable de las selecciones y de toda la parte administrativa es el Consorcio». También calificó de «falso» que todas esas personas no acudiesen a trabajar, y que no tiene «constancia» de que ello.
El exconseller de Turisme, asimismo, se acogió a su derecho a no declarar cuando le preguntaron por el contenido de varios de los correos electrónicos aportados por Losada.