Es decir, Julve, imputada en la causa, no ideó ni ni diseñó el plan para compensar a la dos uniones temporales de empresas encargadas de la recogida de residuos en Mallorca por las pérdidas de ese servicio, según ella misma argumentó ante el juez.
La sobrefacturación detectada en enero y febrero de 2006 asciende a casi 100.000 euros, según el informe.
Desvío de fondos
En este caso se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvià y Llucmajor.
El informe encargado por el Consell cifra en 5,7 millones la diferencia total entre lo facturado por las uniones temporales de empresas (UTEs) adjudicatarias del Consell para la recogida selectiva y los servicios que realmente prestaron.
Solo en el año 2008 se registró una diferencia de 1,6 millones de euros entre lo que pagó el Consell de Mallorca a dos uniones de empresas por el servicio de recogida selectiva de basura y lo que realmente costaron estos servicios, según se informe pericial contenido en el sumario del 'caso Cloaca'.
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