Un empresario musical afirma que facturó 30.000 euros fraccionados al Ibatur por 2.000 CD's de Los Valldemosa

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, Miguel Brunet ha recordado que mantuvo dos encuentros en el Ibatur para ver si les interesaba aprovechar el repertorio de Los Valldemosa para su difusión. Así, en la primera se reunió con el ex director general de Promoción Turística, Eduardo Gamero, y «en algún momento se llamó» al entonces gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, mientras que en la segunda también estaba presente Gamero.

Tal y como ha explicado el empresario, defendido por el abogado Miguel Angel Mas, lo que se hizo fue valorar cuántas unidades tendrían que venderse «para que se justificase todo» y se estableció un precio de 15 euros por cada uno de los 2.000 CD que posteriormente el Ibatur regaló en las ferias turísticas. Al ascender la cantidad global a 30.000 euros, se hicieron tres facturas si bien ha precisado que él estaba involucrado «en la parte creativa y no en la administrativa».

«No recuerdo cómo se facturó y por qué se hizo de esa manera», ha asegurado el encausado, quien ha manifestado que se limitó a seguir instrucciones del Ibatur ya que «normalmente es la institución la que nos hace la indicación sobre la factura». Es más, ha asegurado no recordar que en la segunda reunión le transmitiesen que «tenían que ser facturas inferiores a 12.000 euros» y que entonces «no conocía los requisitos de la Ley de Contratos, aunque ahora sí».

Brunet ha sido uno de los cuatro empresarios que han sido interrogados este martes por el instructor del caso Ibatur. En total declararán quince imputados que presuntamente se vieron favorecidos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) de contratos adjudicados 'a dedo' al haber sido fraccionados en partidas menores de 12.000 euros, a fin de evitar la convocatoria de un concurso público. Entre ellos se encuentra el ex conseller de Economía Alejandro Forcades, citado para el día 20.

En concreto, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, este miércoles comparecerán el profesional autónomo David Salvat, el empresario de CIAK Publicidad Konrad Tollokzo; la empresaria vitivinícola Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa; el jueves la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García y María José Losantos; y el día 20 José María Aldazabal, Antonio Mir y el propio Forcades.

Lope Sola acordó citarles después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta al margen de los procedimientos de contratación.

Así, en el caso de quien fuese conseller bajo el mandato del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas (PP) y actual presidente del Círculo de Economía de Mallorca, los investigadores apuntan a que mediante la anterior fórmula habría percibido numerosos contratos menores a través de la empresa SM2, dedicada a las nuevas tecnologías de la información, aspecto que Forcades, defendido por Gabriel Garcías, negó al ser interrogado en dependencias de la Policía Nacional.

Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era «práctica habitual» de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.