Alexandre Forcades, hoy en los juzgados donde ha declarado por el 'caso Ibatur'. | Pere Bota

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El exconseller d'Economia i Hisenda en el Govern de Gabriel Cañellas Alexandre Forcades, defendió ayer en calidad de imputado ante el juez Juan Ignacio Lope Sola la legalidad de tres facturas que su empresa SM2 Baleares libró al Ibatur cuando el Ejecutivo lo presidía Jaume Matas por importes no superiores a los 12.000 euros. Esa es la cantidad máxima que la ley permite abonar a un proveedor sin necesidad de convocar un concurso público.
«La unión de tres facturas obedece a trabajos y contratos distintos», declaró Forcades, presidente del Cercle d'Economia, defendido por el abogado Gabriel Garcías.
Explicó que fue el Ibatur quién le solicitó que dividiera las facturas «quizás, por los problemas de final de año, de crédito», dijo. «Recibía unos correos del Ibatur en los que me comunicaban la forma de actuar», precisó.
Contactos
Tras recordar que eran sus comerciales quienes primero contactaban con la empresa pública, negó que éstos le informasen de todos estos expedientes, ya que «controlarlo todo es imposible», si bien manifestó hacerse «responsable».
«Intento gobernar a través de principios y valores», dijo Forcades, cuya comparecencia se suma a la de otros empresarios a los que el magistrado ha citado a declarar después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados. Esa práctica fraudulenta se habría producido al margen de los procedimientos de contratación, según sospechan los investigadores.
Diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa revelan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.