Uno de los registros a empresas relacionadas con el Ibatur. | Pere Bota

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Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán interrogarán en los próximos dís a tres o cuatro imputados más en la pieza del 'caso Ibatur' donde se investigan los delitos de malversación y falsedad por el fraccionamiento de contratos y las subvenciones otorgadas a diversos proveedores.

Uno de ellos será el exdirector del Mallorca International Film festival (MAIFF) David Carreras, quién se desplazará desde Alemania donde está rodando una serie. Carreras pidió aplazar su comparecencia por motivos de trabajo y la policía le espera en Palma la próxima semana.

Investigación

La primera fase de la investigación, declarada secreta por el juez instructor Juan Ignacio Lope Sola, continúa abierta tras la detención de siete personas, entre ellas, el exconseller de Turisme Miquel Nadal y el exdirector de Promoció Turística Joan Sastre. Todos han quedado en libertad con cargos.

Nadal y Sastre permacieron arrestados dos días en los calabozos de la Policía Nacional. El ex conseller debe constituir una fianza de 179.000 euros impuesta por el juez, frente a los 210.000 que pedía el Ministerio Fiscal, y tiene la obligación de presentarse todos los días en el juzgado o ante la policía. El ex director general de Promoció Turística debe personarse en sede judicial cada quince días.

Todos los detenidos han negado haber cometido los delitos que les imputan y, sobre todo, tener responsabilidad alguna en el supuesto desvío de más dos millones de euros del Ibatur.

Ese dinero, según sospechan los fiscales, fue destinado, sin aparente justificación, al festival de cine, los estands de Balears en las ferias turísticas internacionales y a la productora Vídeo U.

Nadal y Sastre negaron ante el juez que se hubiesen alterado concursos públicos en el Ibatur y defendieron la legalidad de las decisiones adoptadas en el organismos público.

Uno de los flecos más significativos de la pieza secreta del 'caso Ibatur' está relacionado con los 250.000 euros otorgados a la empresa catalana Global Stand a través de un concurso para el montaje de los estands de Balears en las ferias.

Ese concurso acabó en los tribunales porque otra sociedad del sector, Grup Trui, interpuso un recurso contencioso administrativo contra esa adjudicación.