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La defensa del ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, ha pedido su libre absolución en el escrito de defensa que ha presentado de cara al juicio que prevé celebrarse, en el marco del caso Maquillaje, contra el ex dirigente de UM, la ex presidenta de la institución insular y del Parlament, Maria Antònia Munar, y otros ocho acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas del Consell a la realización del programa radiofónico 'Temps d'Esport' a sabiendas de que nunca sería emitido.

En su escrito, presentado después de que la Fiscalía reclamase seis años de prisión para Nadal así como para Munar por considerar que su objetivo era beneficiar con fondos públicos a sociedades controladas por ellos mismos con la mediación de sus supuestos testaferros, el abogado José Zaforteza niega estas acusaciones y defiende que el ex presidente 'uemita' no cometió conducta ilícita alguna, según han informado fuentes jurídicas.

De este modo, en un breve escrito de defensa, el letrado niega las acusaciones que pesan sobre Nadal en el marco de esta pieza de cara a un juicio que no tendrá lugar como mínimo hasta el próximo año, debido a que la Audiencia Provincial ha fijado para el 14 de diciembre una vista para revisar los recursos interpuestos contra el auto que puso fin a la instrucción de esta pieza separada del caso Maquillaje, lo que provocará la ralentización del proceso.

En concreto, será la Sección Primera la que deliberará sobre los recursos de apelación presentados contra la resolución que daba paso a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación por estos hechos.

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Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo la Audiencia también celebró una vista para revisar los recursos interpuestos por ambos imputados contra la apertura de esta misma pieza al considerar que les fue notificada de forma tardía y esto les habría causado indefensión. Sin embargo, la Sección Segunda desestimó las apelaciones al considerar que los recurrientes tuvieron conocimiento de la existencia del auto impugnado «mucho antes de que les fuera formalmente notificado».

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que a nivel global investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM. Una vez finalizada su instrucción, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de calificación contra un total de diez acusados.

En este contexto, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U intervinieron de forma «arbitraria e ilegal» a fin de otorgarle fondos públicos «sin justificación ni motivo alguno». Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.

En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.

Cabe destacar que ésta no es la única causa en la que Nadal está siendo investigado. Contra él la Fiscalía también solicita seis años de cárcel dentro del caso Can Domenge, que indaga la venta del solar de Can Domenge por la mitad de su valor en el mercado, mientras que también se encuentra imputado en el caso Voltor, que trata de averiguar si durante la legislatura recién finalizada se desviaron fondos desde el Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares, así como en los casos Son Oms e Ibatur, por el que fue recientemente arrestado.