Pepote Ballester, en una imagen de archivo saliendo de los juzgados tras pagar una fianza. | JOAN LLADO

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El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha citado a declarar el día 28 de este mes al ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester como imputado en la pieza que investiga unos convenios por 2,3 millones que el Govern firmó con el Instituto Nóos para la celebración de un foro deportivo.

Según han informado fuentes jurídicas, ese día también está citado como imputado el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Raimundo Alabern.

La pieza gira en torno a dos convenios firmados entre el Instituto Nóos, por un lado, y la Fundación Illesport y el Ibatur -dependientes del Govern balear-, por otro, en 2005 y 2006 y por un total de 2,3 millones de euros.

En ese momento, Ballester era director general de Deportes y de él dependía la Fundación Illesport, mientras que Alabern dirigía el Ibatur.

Los convenios se rubricaron el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006 y sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias.

En virtud del primer convenio, el Govern pagó a Nóos 1,2 millones de euros, mientras que por el segundo abonó 1,1 millones.

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El pasado día 11 declaró por esta pieza el exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres, quien defendió que el dinero se destinó en su totalidad a la organización de los eventos, ya que el instituto es una entidad sin ánimo de lucro.

Pagos irregulares

Torres vicepresidía Nóos en 2005, cuando el duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, era su presidente, y un año después pasó a liderar la entidad una vez Urdangarín renunció a su cargo.

En febrero de 2006, el PSIB-PSOE preguntó al Ejecutivo autonómico del PP en el Parlament balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro, extremo que negó entonces el Partido Popular.

Los socialistas indicaron en aquel momento que este gasto era un derroche que planteaba dudas sobre el uso real de estos fondos públicos.

El juez Castro también ha citado el día 29 de este mes a dos testigos en relación a otra pieza del caso, la número 26, relativa a un posible delito fiscal por parte de los hermanos arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz Guasp, los cuales se encargaron del velódromo que da nombre a la causa.