J. L. Ruiz ColladoPalma19/08/11 0:00
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La Cámara de Comercio de Mallorca ha elaborado un estudio sobre la política de concesiones de servicios en las playas del litoral mallorquín para ratificar las crecientes quejas por la disminución de la rentabilidad de esta actividad por parte de las empresas concesionarias, así como por el aumento de reclamaciones de los usuarios de las mismas, fundamentalmente relacionadas con los precios que se aplican. El resultado del informe es más que concluyente: los ayuntamientos han duplicado en diez años la cantidad a pagar por parte de los concesionarios y, efectivamente, las quejas son la tónica general.

Ante esta situación, la entidad cameral apuesta por una mayor homogeneidad, tanto en los servicios que se prestan en las playas y los precios como en las condiciones que exigen los ayuntamientos a las empresas que se presentan para explotar esos servicios, considerando que ello redundaría en una mayor viabilidad de estas concesiones y una mayor satisfacción de los usuarios de estos servicios.

Impacto

A la luz de los datos obtenidos de este estudio, realizado sobre 17 municipios de la Isla, la Cámara ha constatado que la cantidad del canon a pagar por parte de las empresas concesionarias ha crecido en gran medida en los últimos 10 años, duplicándose incluso en algunos casos, debido al incremento del valor catastral de los terrenos. Ello genera un impacto negativo, ya que reduce significativamente la rentabilidad para el concesionario y conlleva un encarecimiento de la oferta complementaria, con la consiguiente pérdida de competitividad del destino.

El estudio señala además que en muchos casos el cuidado de las playas se limita al periodo de la concesión, ya que el concesionario está obligado con carácter general a realizar la limpieza de las playas, por lo que hasta que no comienza el periodo de concesión no se realizan dichas labores de limpieza.

La entidad cameral, dentro de sus conclusiones, pide establecer un mayor control por parte de Demarcación de Costas respecto a estos procesos y a las reglas que rijan en el proceso de adjudicación de los derechos de explotación en las playas.

Asimismo, aboga por informar a los ayuntamientos afectados de las diferencias entre los servicios que se ofrecen en las distintas playas de la Isla, invitándoles a establecer una mayor homogeneidad entre ellos. Y plantear a estos mismos ayuntamientos la posibilidad de establecer plazos plurianuales para la concesión de los servicios en las playas, de forma que la oferta tenga un mayor atractivo para los potenciales concesionarios.