En un comunicado, Alorda rechaza que el ejecutivo se endeude tan solo en 209 millones, por lo que «parece» que el PP quiere intensificar deliberadamente la «penosa» situación de los proveedores con la única intención de culpar de ella al anterior gobierno autonómico de socialistas y nacionalistas.
Esta coalición afirma que no llegar al tope de los 354 millones tiene como consecuencia que muchas empresas y personas no recibirán lo que les adeuda la administración autonómica.
En opinión de Alorda, la decisión del Govern es contradictoria ya que los presupuestos autonómicos de 2012 sí llegarán al tope máximo de la deuda permitida.
Alorda se ha pronunciado sobre este asunto porque mañana, martes, la Cámara legislativa debate el proyecto de ley de Autorizaciones Financieras correspondiente al período de prórroga presupuestaria de 2011.
Por otra parte, sobre las cuentas de Baleares de 2012 aprobadas hace unos días por el Govern, Alorda asegura que son el «primer paso para desmantelar» la red civil que contribuye a la cohesión social en las islas y cuya función es prestar ayudas sociales básicas.
El recorte de las subvenciones para las entidades civiles, añade, supone la destrucción de un servicio complementario y siempre necesario al trabajo que realiza la administración.
En este sentido, Alorda augura que se producirá un deterioro de servicios en temas clave como inmigración, cooperación, juventud o cultura, entre otros.
Además, su grupo defenderá mañana una modificación del reglamento del Parlamento para obligar a los diputados a hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales y de la renta.
Se trata de una iniciativa que el PP vetó la anterior legislatura, aunque tras varias manifestaciones favorables a la misma por parte del presidente del Parlament, Pere Rotger (PP), el grupo econacionalista confía en que salga adelante con el necesario apoyo de la bancada popular.
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