Balears acaba 2011 con un suspenso en la Ley de Dependencia

Así, este informe revela que sólo cinco regiones suspenden en 2011 y, de ellas, Baleares es la que alcanza la nota más alta, dado que por debajo se sitúan la Comunidad de Madrid (4 puntos); Asturias (2,5); Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5).

Por el contrario, según los mismos parámetros establecidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León y País Vasco alcanzan una nota de 10 por ser las comunidades que «mejor» implantación han hecho de la norma en 2011, en base a los parámetros de eficiencia, inversión, gestión de la lista de espera, gasto por habitante, innovación, buenas prácticas, integración de los servicios sociales, entre otros, basados en los datos oficiales del Imserso y Ministerio de Hacienda.

A estas dos autonomías le siguen La Rioja (9), Castilla La Mancha (8,5) y Aragón (8,5), aunque bajan cada una un punto respecto al año pasado, y Andalucía (8) y Cantabria (7) se mantienen estables respecto a los informes anteriores. En la mitad de la tabla, se encuentra Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia (5,5), Extremadura (5,5), Galicia (5,5) y Baleares (4,5).

«En la inmensa mayoría de las comunidades se ha producido una ralentización y un estancamiento de la ley», indica el presidente de la Asociación de Directores y Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Europa Press, que también advierte de que en Castilla-La Mancha y Aragón se ha producido «una grave retroceso» en 2011, al igual que en Asturias y Navarra.

Asimismo, lamenta la «desidia» de la Comunidad Valenciana y Canarias, que «ya no pueden bajar más sus puntuaciones porque no han desarrollado la ley en los cinco años que lleva en vigor». No obstante, ha advertido de que el sistema de dependencia en España se ha podido mantener en el aprobado (5,9 puntos de media), gracias a las incorporaciones de beneficiarios en el País Vasco, Castilla y León y Madrid.

Ese 30 por ciento de dependientes (312.000) que todavía no han recibido ningún servicio o prestación es uno de los temas que más preocupa a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y que denomina como «limbo de dependencia». Esta situación, Según Ramírez, «se ha cronificado» y el nuevo Gobierno tiene que resolverla incorporando a estos dependientes al sistema.

Canarias es la que más lista de espera acumula, con un 58 por ciento de personas sin atender. Lo «dramático» es que la mayoría de estas personas tienen más de 80 años y que, lo «más probable» es que fallezcan antes de recibir alguno de los beneficios de la Ley de Dependencia, según indica el presidente de esta asociación.

Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar siguen representando a finales de 2011 más de la mitad del total de las concedidas a los dependientes, frente a las plazas en una residencia, centro de día o los cuidados profesionales. Este asunto repercute negativamente en el empleo que la ley podría generar, así como en el sector de las residencias de mayores y personas con discapacidad.

Si bien es cierto que la norma ha ayudado a crear alrededor de 150.000 puestos de trabajo, desde la Asociación de Directores y Gerentes apuntan a que si se dieran menos prestaciones para cuidados informales en favor de servicios y se incorporaran los dependientes no atendidos, podrían crease 150.000 empleos más. Así, indican que por cada 100.000 ayudas económicas que se dan actualmente, se generarían 30.000 nuevos puestos de trabajo.

DEUDA DE 1.268 MILLONES CON LAS EMPRESAS

Esta opinión es compartida con la Federación de Empresas de la Dependencia, que, según su presidente, el año finaliza de forma «dramática» para muchas de las entidades que gestionan centros residenciales, que se encuentran en riesgo de quiebra. Según ha denunciado en reiteradas ocasiones esta patronal, las administraciones públicas acumulan una deuda con el sector de 1.268 millones de euros, una situación que hace «inviable» su sostenibilidad.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) también ha valorado la aplicación de la ley en 2011 y lamenta que la puesta en marcha hace ya casi cinco años se hiciera de «forma precipitada» y sin un modelo que garantizara una financiación «suficiente y estable».

«Promesas, promesas y más promesas* El tiempo de espera para recibir una prestación es de más de doce meses y miles de personas siguen sin recibir nada», afirma el presidente de esta entidad, José Luis Méler y de Ugarte, en declaraciones a Europa Press, que también cuestiona los 300.000 empleos que iba a generar la ley, así como la aportación del Gobierno para la financiación de la misma.

«Solo en 2011, el presupuesto del Gobierno de España se ha reducido un 11,5 por ciento, es decir, 1,49 millones de Euros», asevera, para añadir que las prestaciones concedidas y los servicios prestados por personal cualificado y especializado, residencias, centros de día y atención domiciliaria «están estancados».