Antoni Alorda y Biel Barceló, en una imagen de archivo. | M. MAR GARC

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El diputado de PSM-IniciativaVerds-Entesa, Antoni Alorda, ha aseverado que el Anteproyecto de ley que establece que el conocimiento del catalán será un mérito y no un requisito para acceder a la función pública es una «provocación que entierra, de forma unilateral, el consenso en materia lingüística». Alorda ha incidido en que, en estos momentos, hay otros problemas mucho más importantes para los ciudadanos de Baleares, debido a la grave crisis económica en la que nos encontramos y ha pedido al PP que retire la modificación legislativa.

Alorda ha señalado en rueda de prensa que la intención de este anteproyecto es la de «degradar» el carácter oficial de la lengua catalana en las Baleares y ha anunciado que su grupo está trabajando en una serie de alegaciones en contra de esta modificación.

Asimismo, el diputado ha afirmado que esta iniciativa del PP responde a la necesidad de crear una «cortina de humo», un debate entorno a un «falso problema» para desviar la atención y contentar a una parte minoritaria del propio Partido Popular de las Baleares porque entiende que dentro de los populares «hay mucha gente que aprecia las señas de identidad».

En este sentido, Alorda ha indicado que hay más de una quincena de ayuntamientos de las islas que han alegado en contra de este anteproyecto incluidos grupos municipales en los que el PP cuenta con mayoría.

Por eso, la coalición ecologista y nacionalista ha recomendado al PP que se centre en crear ocupación y en luchar contra la crisis económica, que en su opinión, es el principal problema en este momento.

LA CASTELLANIZACION DE LOS TOPONIMOS

Por otra parte, Antoni Alorda ha apelado al pragmatismo y ha explicado que «no cree que sea sano» que cada vez que cambie el gobierno, se cambien los topónimos.

«Vamos a hablar de cosas que duren», ha aseverado Alorda y ha añadido que todas estos asuntos hay que consensuarlos «para no hacer de la ideología una militancia que convierta cada decisión en una batalla». En este aspecto, el diputado ha recalcado que «no es para reírse» que la castellanización de los topónimos «haya sido incluido en una Ley de Función Pública».