Un grupo de ciudadanos han asistido al pleno de Cort para protestar por la Ley de Función Pública del Govern. | Pere Bota

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La polémica por la lengua, los problemas laborales en Emaya y el anteproyecto de la Ley de Turismo fueron los temas que generaron más polémica y crispación en el pleno de Cort. Especialmente tenso fue el debate de los puntos en los que la oposición rechazaba el anteproyecto de Ley de Funció Pública, mediante la que el catalán pasa a ser un mérito para trabajar en la Administración, y que fue rechazado por el PP. El portavoz de la Asociación de Vecinos de Es Raval de Santa Catalina, Pere Felip, definió la citada normativa como «ley de exterminio». Más allá fue Francesc Vich, portavoz de la plataforma ‘A Mallorca en Catalá', que acusó al PP de querer «marginar la lengua propia de esta tierra», de ser «anti mallorquines», «la derecha más rancia desde el Franquismo», así como de querer implantar un «apartheid lingüístico». La Federació de Associacions de Veins y el STEI-i también se manifestaron en contra del anteproyecto de Ley de Funció Pública.


La socialista Guadalupe Pulido defendió que la lengua catalana necesita una protección mayor que el castellano. Más contundente fue el portavoz del PSM-IV-Entesa, Toni Verger, que calificó la Ley de «injusta, antimallorquina» y aseguró que «fomenta la desigualdad» porque «el castellano sigue siendo obligatorio y el catalán no». El portavoz de la coalición econacionalista también criticó «la instrucción Isern», por la que se responde a los ciudadanos en la misma lengua en la que se dirigen a Cort.


Promesa electoral


La teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil, se defendió de las críticas recordando que el programa electoral del PP, que tuvo un amplio respaldo, decía claramente que el catalán dejaría de ser un requisito y pasaría a ser un mérito. San Gil aseguró que «no queremos ninguna polémica, sólo queremos un trato igualitario, de libertad de expresión, que cada uno pueda elegir la lengua que quiera». Además, añadió que el sistema educativo garantiza que todos los ciudadanos salgan con el certificado de catalán y aseguró que en determinados trabajos (los que están cara al público, docentes, etc.), el catalán seguirá siendo un requisito.


El borrador del anteproyecto de Ley de Turismo también suscitó polémica. «Es la ley de la irregulación, de la invasión de competencias, a la carta de unos intereses privados muy concretos», espetó Verger. En términos similares la portavoz del PSOE, Aina Calvo, expresó que «la incompatibilidad entre la Ley y el buen desarrollo urbanístico de Palma es total». El teniente de alcalde de Turisme, Álvaro Gijón, aseguró que «no vamos a renunciar a las competencias de Palma». En su opinión, la ley impulsada por el conseller Carlos Delgado «puede mejorar dándole la última palabra a los municipios, que somos los que sabemos lo que se necesita». No obstante, Gijón le restó importancia a que Cort presente alegaciones y recordó que siempre se hace.