El Govern mantiene su parque público de viviendas pero no lo incrementará hasta 2014

El ‘Pla Lloguer 2012', presentado esta semana por el conseller de Territori, Biel Company, descubrió que casi una cuarta parte de las viviendas gestionadas por el Ibavi están vacías, y que en el depresivo marco económico que vivimos no podrán ser vendidas a particulares, como es el objetivo de la empresa pública que los promovió, por lo que pasan a ser de régimen de alquiler a precios más bajos de los que orienta el mercado, con el fin de que al menos sirvan para obtener ingresos netos en caja y alivien a la entidad de otras cargas como el IBI y los seguros obligatorios.

Función social

En abril de 2012 el Govern balear no se plantea ni la desaparición ni la «congelación de actividad» del Ibavi, porque según el actual conseller de Territori, Biel Company, «se trata de un organismo público que cumple en la medida de sus posibilidades una función social para las rentas medias y bajas de los ciudadanos de Balears, pero sobre todo que está estructurado de manera que su presupuesto no depende del de la comunidad autónoma, y por tanto ni lo mejora ni lo contamina».

Tanto los responsables políticos del Govern como los técnicos del Ibavi reconocen a este diario que la finalidad de edificar al menor coste posible para vender a precio moderado sus inmuebles «resulta improbable en este momento de la economía, teniendo en cuenta además que las entidades bancarias a las que se dirigen los interesados no les dan ninguna facilidad para hipotecas a nuestro precio final y sí en cambio otras más elevadas para su stock de viviendas fruto de los desahucios por impago».

Aunque consta que la crisis económica ha aumentado el índice de morosidad de las personas a las que el Ibavi tiene alquilado un inmueble, la empresa pública balear no cambia sustancialmente los filtros para acceder a su bolsa de viviendas.
El ‘Pla Lloguer 2012' amplía hasta los 33.000 euros de ingreso máximo por unidad familiar el tope para arrendar uno de sus pisos, y sólo requiere para dos tercios de ellas, como garantía mínima, contratos de trabajo que consten asegurados por seis meses, mientras los contratos de alquiler se suscriben por cinco años.