A los inmigrantes, y al resto de ciudadanos no les bastará sólo con el hecho de estar empadronados para poder acceder a los servicios sanitarios.

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Médicos del Mundo, Cáritas y otros colectivos sociales rechazan la reforma sanitaria puesta en marcha por el Gobierno del PP porque, entre otras cosas, dejará a las personas inmigrantes en situación irregular sin acceso al sistema sanitario público, excepto en urgencias, asistencia al embarazo, parto y postparto y los menores de 18 años.

La ONG Médicos del Mundo califica la medida de «injusta» y sostiene que «en contra de lo afirmado no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias» y porque es «contraria a una política de salud pública».

Opinión compartida por Bàrbara Picornell, de Cáritas Mallorca, que ayer indicó que «hemos recibido las noticias de la reforma con preocupación» y añadió que se trata de un colectivo que ya está muy perjudicado por la crisis económica, que lo están pasando muy mal y que ahora, además, se encontrarán con el problema añadido de que no podrán recibir asistencia sanitaria excepto en casos urgentes.

«No sé si quienes han ideado la reforma han pensado lo que están haciendo», puntualizó la representante de Cáritas.

Críticas

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Las críticas a la reforma, y en concreto al punto que hace referencia a los inmigrantes, también arrecian desde los grupos políticos en la oposición en el Parlament balear y las organizaciones sindicales.

Fina Santiago, diputada de la coalición PSM-IV-ExN, afirmó ayer que «lo que está haciendo el PP con ésta reforma es imponer su proyecto ideológico» y potenciar la privatización de la sanidad. Santiago añadió que, de todos es sabido, que las personas inmigrantes no vienen a las Islas o al resto de España para servirse de coberturas socio-sanitarias, sino para poder vivir y que no son quienes más utilizan la sanidad pública.

«Lo que puede provocar ésta medida es una saturación de los servicios de urgencias, que son más caros que la Atención Primaria, y problemas de salud pública», añadió Santiago.

El portavoz de Salut del PSIB-PSOE, Vicenç Thomàs, también cree que la medida generará saturación de las urgencias y puede provocar problemas de salud pública, aunque «no estamos dispuestos a provocar alarmismo».

Mamadou Niang, responsable de Inmigración de USO, afirmó ayer que «el impacto de esta medida sobre los inmigrantes sin papeles será tremendo» y añadió que «el hecho de que sólo puedan acceder a las urgencias puede provocar problemas de salud pública».