Cabrer: «Se nos exige un plus de transparencia que no se exige a la izquierda»

A raíz de las solicitudes de información hechas por el PSIB y el PSM-IV-ExM respecto a la declaración de intereses económicos del presidente, Cabrer ha insistido en que los miembros del PP son «juzgados con una vara de medir muy distinta a la que es juzgada la izquierda».

No obstante, la portavoz ha recalcado que su partido es consciente de que debe responder a esta exigencia superior al margen de que sea desequilibrada, aunque ha sido tajante a la hora de rechazar que la oposición siembre «dudas sobre la honestidad de este Govern».

Sobre las demoras en la entrega de las declaraciones del presidente por parte del Govern, Cabrer ha subrayado que «hay unos procedimientos administrativos» que han de cumplirse, pero la información solicitada será facilitada según marca la Ley de Buen Gobierno.

Por su parte, el portavoz del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Biel Barceló, ha instado al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, a que «deje de esconderse y dé la cara» en relación a la solicitud a la Conselleria de Presidencia a la consulta del Registro de Intereses y Actividades del presidente para que se pueda ver si existe incompatibilidad de cargos.

Por su parte, la diputada de la coalición, Fina Santiago, ha señalado que el hecho de «enredar administrativamente, huele a ocultación». Así, ha calificado de «aventura» el hecho de poder conseguir el certificado de la declaración del presidente y ha recordado los diferentes pasos que han seguido desde la coalición para poder conocer dicho documento.

En este sentido, ha señalado que pese a haber «intentado hablar» con la directora de Función Pública, «no obtuvieron respuesta» y ha matizado que pidieron «día y hora» para poder «conocer dicho documento».

Por ello, ha explicado que desde la dirección de función pública les aseguraron que una vez valorada la solicitud, podían «justificar el interés», y que el hecho de consultar de «forma inmediata» el documento para «poder echarle un ojo», no era posible porque, «según la interpretación del Govern, no estaba contemplado en la ley». No obstante han señalado que sí les podían «librar el documento» si se cambiaba la palabra «certificado del contenido» por «nota de registro».

Ante eso, Santiago ha destacado la «falta de transparencia» y ha aseverado que «persistirán», ya que lo único que están haciendo es «retrasar lo inevitable».

Por otra parte, Barceló ha recalcado, en referencia a la presentación del proyecto de Ley del Turismo, que el Govern la presentó «sin haber hecho ni una sola reunión con los miembros de la oposición y con importantes discrepancias dentro del sector económico», hecho que se produjo después de que el propio Govern mostrara su «voluntad» de «pactar» con todos los grupos parlamentarios el plan económico.

«El señor Delgado nos llamó una vez presentada la ley para mantener una reunión y para salvar la cara de Bauzá, que el día anterior nos decía que quería pactar un plan económico», ha destacado.

Ante esto, Barceló ha insistido en que este hecho «demuestra cuál es la intención real de este Gobierno, que dice que quiere hablar pero acaba imponiendo sus ideas».

URBANISMO «A LA CARTA»
En relación al Proyecto de Ley, según el criterio de Barceló, «llama la atención el hecho de que no cambia respecto al primer borrador y no se ha aprovechado la exposición pública para hacer una Ley de turismo que realmente sirva para todos los sectores económicos».

Así, ha remarcado que dicha ley «busca satisfacer unos intereses privados muy concretos y no una ley que regule el turismo incluyendo a todos los sectores implicados». Asimismo, ha aseverado que «los cambios de usos de los hoteles permitirán «no solo cambiar hoteles por pisos, sino que las parcelas de uso hotelero no construidas también se podrán cambiar». «Permitimos una posibilidad de desvirtuar los planes territoriales y los planes generales», ha añadido.

Por ello, ha incidido en que pese a que se ha introducido con un informe vinculante, «a partir de ahora permitimos al Ayuntamiento que quiera, sin ninguna tramitación o permiso por parte del Consell Insular, pasar por encima del plan territorial y modificar su propio plan general sin ningún tipo de tramitación», hecho que, según su criterio, supone un «urbanismo a la carta».