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Los partidos políticos tampoco pudieron ponerse de acuerdo ayer en el Consell a la hora de aprobar una moción para condenar la violencia que hubo en alguna de las protestas contra el president del Govern, José Ramón Bauzá. Los representantes del PSM-IV-ExM incluso decidieron abandonar el pleno de la institución cuando se debatía una moción del PP al respecto.

Los nacionalistas y PSIB pidieron que el tema quedara sobre la mesa con el propósito de consensuar una declaración institucional, pero el PP se opuso al considerar que, desde la oposición, siempre se ponen problemas para abordar este asunto.

La división quedó patente en el hecho de que el PSIB no apoyó un punto donde el PP pedía que se condenara la violencia en Manacor y el asalto a la Conselleria d'Educació. Los socialistas entendían que el texto debía incluir una condena explícita a la agresión realizada por la jefa de gabinete de Rafael Bosch o bien eliminar cualquier referencia a estos ataques. PSIB y PP sí estuvieron de acuerdo en instar a todos los partidos a que condenen cualquier tipo de violencia.

Deuda del Govern. El Consell aprobó por unanimidad una moción del PSIB por la que se reclama al Govern que abone la deuda de entre 220 y 240 millones de euros que mantiene con la institución insular y que además se haga cargo de los 12,3 millones de euros de intereses que tendrá que pagar el Consell por la firma de dos préstamos de 17 y de 28 millones de euros ante la falta de recursos propios de la institución que están provocando los impagos del Govern. El acuerdo incluye que, una vez que el Consell cobre esta deuda, con este dinero se cancelarán los préstamos.

IBI de la Iglesia. No salió adelante una propuesta presentada por los socialistas para instar a los ayuntamientos a que cobren la Iglesia el IBI de todos aquellos inmuebles que no se destinan al culto. La propuesta fue rechazada por el PP, que acusó al PSOE de oportunismo por presentar esta iniciativa ahora en lugar de hacerlo cuando gobernaba en Madrid.

Cala Blanca. El PSM-IV-ExM intentó sin éxito que el Consell aprobara una moción en la que se comprometía a no aprobar ninguna modificación del planeamiento urbanístico de los ayuntamientos que suponga la recalificación de espacios protegidos. El PSM-IV intentaba así evitar la autorización para que se construya en Cala Blanca (Andratx), algo que permite la 'ley Company', que acaba de aprobar el Parlament.